Santiago de Querétaro, Qro., 29 de marzo de 2021.- En sesión de Pleno de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, la diputada Tania Palacios Kuri, solicitó condenar los hechos de abuso policial ocurrido en Tulum, Quintana Roo, el pasado 27 de marzo, por parte de policías municipales, y propuso un minuto de silencio por la lamentable muerte de Victoria Esperanza Salazar, mujer de 36 años, madre de dos hijas, quien fue víctima de ese uso excesivo de la fuerza policial; así como por Ivonne Gallegos Carreño, ex diputada del Partido Acción Nacional, quien aspiraba a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, en el estado de Oaxaca, y cuya aspiración dijo, “fue literalmente silenciada a base de balazos el pasado 20 de marzo”. 

 

Posteriormente, se procedió a dar cuenta de la Declaratoria relativa a la aprobación de la Ley que adiciona un último párrafo al artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro; cuyo tema se refiere a la incorporación de la política pública de mejora regulatoria. 

 

El presidente de la Mesa Directiva, diputado Gerardo Ángeles Herrera, comentó que por tratarse de una reforma a la ley fundamental del estado, en términos del artículo 39, párrafo primero, esta Legislatura se erigía en Constituyente Permanente local. 

 

Informó que en los términos señalados, se da cuenta formal de los votos emitidos por los municipios de Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Colón, Corregidora, El Marqués, Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, Querétaro y Tequisquiapan; y que al no haberse recibido pronunciamiento alguno del resto de los municipios sobre la propuesta de reforma sometida a su consideración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39, párrafo segundo de la norma fundamental local, se entiende y declara aprobada la ley que adiciona un último párrafo al artículo 2 de la Constitución local. 

 

De igual manera, se dio cuenta de la Declaratoria relativa a la aprobación de la Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro; y que se refiere al tema de desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para que la justicia laboral sea impartida por Tribunales del Poder Judicial Federal o de los Poderes Judiciales locales, según corresponda. 

 

El presidente de la Mesa Directiva, mencionó que en los términos señalados se da cuenta formal de los votos recibidos por los municipios de Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Colón, Corregidora, El Marqués, Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, Querétaro y Tequisquiapan; y que al no haberse remitido pronunciamiento alguno del resto de los municipios sobre la propuesta de reforma sometida a su consideración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39, párrafo segundo de la norma fundamental local, se entiende y declara aprobada la ley antes referida. 

 

Agregó que tras concluir el ejercicio de mérito, hizo del conocimiento de los asistentes, que esta Legislatura dejaba de estar erigida en Constituyente Permanente local. 

 

Sin embargo, informó que por la naturaleza de los siguientes asuntos, la LIX Legislatura del estado de Querétaro, se erigía en Constituyente Permanente Federal, para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Acto seguido, se  aprobó el Dictamen de la iniciativa de Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de partida secreta; presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales; cuya finalidad es dejar atrás la posibilidad constitucional de que haya partidas secretas; por lo que la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, comparte los motivos que impulsaron a la Cámara de Senadores a aprobar el Proyecto de Decreto objeto de este voto, expuesto conforme al expediente remitido a esta Representación Popular. 

 

En otro punto, se aprobó el Dictamen de la iniciativa de Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referida a la porción normativa del nombre del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales. 

 

El nombre de Veracruz de Ignacio de la Llave representa un merecido homenaje por parte del pueblo veracruzano al General Ignacio de la Llave y Segura Zevallos, quien fuere un prócer que siempre condujo su carrera política y militar en beneficio de Veracruz y de México; por lo que la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, comparte los motivos que impulsaron a la Cámara de Senadores a aprobar el Proyecto de Decreto objeto de este voto, expuesto conforme al expediente remitido a esta Representación Popular. 

De la misma forma, se aprobó el Dictamen de la iniciativa de Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que propone que el Estado de Michoacán se denomine Michoacán de Ocampo en Nuestra Carta Magna. 

 

Toda vez que Melchor Ocampo, uno de los más grandes liberales del país, tanto de pensamiento como de acción, fue dos veces gobernador de Michoacán; además, presidente del senado y secretario de Hacienda y uno de los principales redactores de las Leyes de Reforma, cercano al presidente Benito Juárez García y, cuyo legado es palpable en la búsqueda de la justicia y la consolidación del Estado de Derecho en el país. Por ello, no solo para el reconocimiento a uno de los más grandes hombres de la Patria, sino para seguir enalteciendo al Estado de Michoacán de Ocampo a nivel nacional, es que se lleva a cabo esta reforma.  

 

En otro punto del orden del día se aprobó en sentido de rechazo el Dictamen de la iniciativa de Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIII bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad privada.  

 

El pleno de la LIX Legislatura, erigido como Constituyente Permanente para votar una ley federal, rechazó dicho proyecto que tiene como finalidad que el Congreso de la Unión tenga la facultad de expedir la ley general en materia de seguridad privada que establece a) las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional; b) las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios de seguridad privada y las autoridades correspondientes de la federación, las entidades federativas y los municipios, para la adecuada organización y funcionamiento como auxiliares de la seguridad pública; y c) la coordinación de esos prestadores con las instituciones en situaciones de emergencia y desastre; los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías complementarias en el país. 

 

Esta Legislatura consideró que esta reforma no resuelve nada en particular, sino que únicamente atribuye facultades plenipotenciarias en la materia al Congreso de la Unión, sin que exista ningún punto de límite y respeto a las facultades que hoy tienen los estados, es por ello que no se comparten los motivos que impulsaron a la Cámara de Senadores a aprobar dicho Proyecto de Decreto objeto de este voto, expuesto conforme al expediente remitido a esta representación popular, motivo del rechazo al mismo. En este punto la LIX Legislatura, dejó de estar erigida como Constituyente Permanente. 

 

Después se aprobó el Dictamen de la Iniciativa de Ley que deroga el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, ya que la reforma constitucional en materia de justicia laboral partió de tres premisas: 1) que la justicia laboral sea impartida por órganos del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales locales, según corresponda, asumiendo  las tareas que a la fecha han realizado la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje; 2) se replanteó la función conciliatoria a través de un organismo público descentralizado para los asuntos federales y a través de los Centros de Conciliación que establezcan las entidades federativas, de manera que constituya una instancia prejudicial a la cual deberán acudir tanto trabajadores como patrones, para que de esta manera se pueda privilegiar que los nuevos órganos de justicia laboral concentren su atención en las tareas jurisdiccionales propias de su nueva responsabilidad; y 3) se realizó una revisión del sistema de la distribución de competencias entre las autoridades federales y locales.  

 

De esta manera se fortaleció el ejercicio de las libertades de negociación colectiva y sindicación, por medio de la creación de un organismo descentralizado de la administración pública que tendrá entre sus diversas facultades, atender al registro de los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales. Por lo que esta Legislatura considera preciso realizar la adecuación normativa correspondiente a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con la finalidad de ser congruente con el marco normativo constitucional, derogando y modificando las disposiciones relativas a la regulación de la Junta de Conciliación y Arbitraje y aquellas cuya naturaleza corresponda ser normadas por los ordenamientos jurídicamente aplicables por cuanto ve a la naturaleza de las funciones tanto de los Tribunales Laborales como del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro. 

 

Asimismo, el Pleno de la LIX Legislatura aprobó el Dictamen de la Iniciativa de Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro, dándose así cumplimiento a la reforma Constitucional del 24 de febrero de 2017, implementando el nuevo sistema de justicia laboral en el Estado de Querétaro, garantizando con esto el derecho de trabajadores y empleadores a una justicia pronta y expedita e imparcial.  

 

El Centro de Conciliación prestará el servicio público de conciliación laboral para la resolución de los conflictos entre trabajadores y empleadores en asuntos del orden local. Será una instancia previa al juicio ante los tribunales laborales, procurando el equilibrio entre los factores de la producción y velando por los derechos sociales, se regirá por el principio de voluntariedad, cuenta con la intervención de un tercero profesional que los orienta de forma imparcial, en posibles alternativas de solución al conflicto, derivado de lo anterior las mismas partes de manera voluntaria llegan a un acuerdo que se obligan a cumplir. 

 

Dicho centro se constituirá como un organismo descentralizado, que como primera instancia prejudicial, especializada e imparcial tendrá conocimiento de todos los asuntos de acuerdo con su función conciliatoria.  Estará sectorizado a la Secretaría del Trabajo, teniendo autonomía administrativa, técnica, económica y financiera para el ejercicio de sus actividades. 

 

Posteriormente se aprobó el Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaroya que resultaba  necesario realizar una adecuación al marco normativo contenido en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro, con la finalidad de actualizarlo y que resulte congruente con lo dispuesto tanto en la Constitución Política federal como en la local, con miras a concretar los postulados y la materialización institucional que traen consigo las reformas en materia de justicia laboral, promoviendo así el respeto al derecho de tutela judicial efectiva y por otro lado, garantizando la eficacia y la eficiencia en la administración de justicia, a fin de responder  a las necesidades y demandas de la ciudadanía queretana frente a la función judicial. 

 

Esta adecuación debe realizarse para cumplir puntualmente y mantener la certificación otorgada por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, con la facultad al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Querétaro, para establecer una unidad de estadística judicial, cuya creación y reglamentación deberá realizarse con la emisión o modificación de los acuerdos y reglamentos respectivos. 

 

Por otra parte, los legisladores aprobaron el Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Vivienda relativo a la Iniciativa de Ley que reforma diversas disposiciones transitorias de la Ley que reforma y adiciona disposiciones de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Querétaro, a fin de establecer que la prohibición establecida en la fracción XIV del artículo 44, entrará en vigor a partir del 1º de noviembre de 2021, en tanto, tendrán que ser atendidas las disposiciones comprendidas a la gradualidad.

Con lo anterior se adecuan las disposiciones normativas aplicables a la prohibición de plásticos de un solo uso, pues los legisladores consideran que mientras dure la emergencia sanitaria, por motivos de higiene y salud no es factible la entrada vigor en el plazo establecido de la prohibición de su uso, sin dejar de lado la debida observancia de la ley.

Asimismo, fue votado favorablemente el Dictamen de la Iniciativa de Ley por la que se adiciona un último párrafo al artículo 10 y la fracción X al artículo 15, de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, presentado también por la Comisión de Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Vivienda, con el propósito de hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales de la mujer embarazada y el niño por nacer.

La presidencia de la Mesa Directiva puntualizó sobre el contenido del Dictamen, que el motivo de la reforma es adicionar un último párrafo al artículo 10, por lo que debe decir: “Artículo 10: (…)  Las acciones de política pública que lleve a cabo el Estado para efectivizar estos derechos beneficiarán a las personas, en todas sus etapas, desde la gestación hasta la muerte natural”.

En otro asunto, fue aprobado el Dictamen Presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales referente a la Iniciativa de Acuerdo por el que la LIX Legislatura del Estado de Querétaro exhorta al Congreso de la Unión, para evitar las antinomias que provocaría la aprobación de la iniciativa de reforma constitucional en materia de Igualdad Sustantiva.

La iniciativa fue presentada por la Diputada Elsa Méndez Álvarez, integrante de la Fracción Legislativa Independiente, y en ella plantea que “aprobar dicha propuesta traería como consecuencia la generación de múltiples antinomias en nuestro sistema jurídico, ya que diversos derechos y prerrogativas como la protección a la vida, la libertad de expresión, la seguridad y certeza jurídica, la libertad de asociación, entre otros, se verían vulnerados con la introducción de dichas consideraciones que se resumen en la perspectiva de género como eje prioritario y absoluto para la actividad pública en todos los niveles de gobierno e incluso, invadiendo la esfera de los particulares”.

Durante esta sesión también fueron aprobados los Dictámenes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social relativos a Solicitudes de Jubilación a favor de los ciudadanos y de las ciudadanas: Mariano Norberto Pérez Vega, Graciela Zepeda Nieto, Alicia Mendoza Zúñiga, René Osornio Cruz, José Alfredo Arellano Gómez, Pedro Pablo Hernández Baltazar, Eduardo Armando García González, José Onofre Ocampo Sánchez, Juan Isidro Cano Ruíz, María de la Luz García Ramón, Ma. Verónica Ramírez Estrada, Yolanda Huerta Arrillaga, José Raúl Sánchez Yáñez, M. de la Luz Imelda Hernández Hernández, Héctor Rayón Ortiz, María de Lourdes Montoya Sánchez, Susana Correa Martínez, Adela Pérez Pilar, Carina Cruz Trujillo, Ma. Francisca Salazar Camacho, María Micaela Martínez Mata, Josefina Correa Navarro, María Isabel Barrueta Carreón, Francisco Ramírez Hernández, Alma Rosa González Ramírez, Ma. Concepción Toribio Juárez, María Esther Amado Ávila, Martín Bolaños Chávez, Reyes Arias Martínez, Bacilio García, José Félix Servín Martínez, José Cruz Celso Gallegos Pacheco, Eugenio Cruz Muñoz Frías, Felipe Ruiz Martínez, María Dolores Delgado Moreno, José Manuel Ramos Arvizu, Guillermo Vega Fonseca, Ismael Moreno López, Joaquina Valencia Rodríguez, José Juan Dionicio Hernández Samaniego, Ricardo Espino Díaz, José Refugio Cruz Gallegos, Casimiro Sánchez Morales, Cirila Hernández Mendoza, Ma. Leticia Antonieta Uribe Hernández, Olegario Hernández Crespo, José Tomás Alanís Rodríguez, José Ciro Manuel González Rangel, Raúl Miguel Escamilla Téllez, Guillermo González Zavala, Isidro Hernández Salinas, Silvano Cancino Olvera, Eduardo Torres López, Juan Ommar Hernández Charles, Virginia Terrazas Arias, José Luis Torres Martínez, Angelina González Ramírez, Luis Alfonso Alvaradejo García, Ismael Ruiz Arvizu, Arturo Aguayo Vega, Rubén Ibarra Bravo, Alberta Carmona Segundo, Diana Lucrecia Flores Argüelles, Rosa María Ruiz Chavarría, Ignacio Escobedo Rubio, Lauro de Santiago Mendoza, María Josefina Castañón Moreno, María Alicia López Basaldúa, Juan Manuel Granados Martínez, Salvador Alvarado Pérez, Ma. Guadalupe León Olvera, Domingo García Vega, Manuel Francisco Saldarriaga Muñoz, Ma. Teresa Montoya Sanjuán, Fabiola García Hernández, María Susana Juárez Martínez, J. Felipe Bautista Jiménez, Ramiro García Cruz, María del Pueblito González García, J. Francisco Ramírez Bárcenas, Manuel Martínez Cruz, Juan Fernández Velázquez, Pedro Pérez Reséndiz, Norayma Guadalupe Olvera Vega, Jesús Rojo Reséndiz, J. Guadalupe de León de la Vega, Ma. Guadalupe Mora Morales, José Juan Luna Sánchez, Marcelino Loyola Martínez, Ma. del Carmen Hernández Gutiérrez, Ubaldo Valdez Aguilar, Luciana Flores Ledezma, Yolanda Orduña Ramírez, Norma Patricia Muñoz Morado, Miguel Reséndiz Fuentes, Clemencia Olvera Espinoza, María Isabel Martha Cabrera Berrones, Alejandro Aguilar Uribe, Simitria Sánchez Guillén, Antonia Rivera Serrano, Joel Rivera García, Isidro Delgado Jiménez, Felipe Morán Encarnación, Juan Manuel Cervantes Rodríguez, Alberto González Pérez, Manuel Díaz Sandoval, José Luis Rodríguez Chávez, Luis Manuel García Sánchez, José Guadalupe Juárez Balderas, Everardo Hernández Cuellar, José Luis Pérez Silva, David Hernández Acosta, Juan Ángel Rincón Romero, Agustín Reyes Martínez, José Tereso Pérez Covarrubias, Ernesto Trejo Arreola, Lucas López Morales, José Manuel Gutiérrez Hernández, Ceferino Ibarra Hernández, Efraín Martínez Olvera, Benjamín Camacho Sánchez, Jesús Antonio Ayala Gómez, Macario Alonso Martínez García, Fabián Rivera Martínez, Sergio Antonio Callejas López, J. Dolores Martínez Martínez, Ivann Ortiz San Juan, Ma. Isabel Arias Corona, Amador Pacheco Huerta, Ma. Luisa Martínez Martínez, Miguel Martín Aspiroz Guerra, María de los Ángeles Moya Montiel, Martha Patricia González Hernández, Carlos Rojas Ángeles, Ma. del Carmen Fuertes Arellano, Pedro Navarrete Real, Manuel Serrano Hernández, José Luis Cantera Cruz, Mario Álvarez Gómez, Judith Maldonado Rodríguez, Lydia Barajas Martínez, Hipólito Álvarez Tovar, Rocío Gloria Núñez Hernández, Alejandra Marina Avendaño Avendaño, Ma. de Lourdes Quintana Landaverde, Pilar Chávez Cortes, María de la Paz Mondragón Luna, José Antonio Rodríguez García, Ma. Olivia Imelda Rivera Guzmán, Víctor Manuel Torres Negrete, Felipe de Jesús Reséndiz Jiménez, Ramón Martínez López, Moisés Bernardino Mejía Montero, Humberto Reyes Aguilar, Gustavo Robles Martínez, Reyes Arroyo Carranza, Miguel Soto Noguez, Ma. Guadalupe Hernández Hernández, Ana Laura Jiménez Quevedo, María Leticia Vega Villeda, Irma Vega Moya, Ma. Teresa Gerarda Muñuzuri Tinajero, Andrés Franco Rivera, José Alfredo Arellano Gómez, Ma. Magdalena Luna Martínez, Ma. Guadalupe Lourdes Ramos Lara, María Emma Ibarra Martínez, Martha Castillo Reséndiz, J. Marcial Rodríguez Moreno, Eustacio Francisco Barrón Hernández, Martiniana Guadalupe Verónica Jiménez Ledezma, José Daniel Guadalupe Ibarra Flores, Mario Morales Miranda, José Efraín Puebla Pacheco, Andrés Álvarez Gutiérrez, Ciro Aguilar Jiménez, Araceli Ibarra González, J. Juan Pérez Nieves, Esteban Vargas Mendoza, Pascual Oviedo Hernández, Raúl Sotelo Chávez, Julio César Vértiz Vargas, Elvia Cruz Rojas, María Teresa Núñez Nieves, José Filiberto Cornejo Cornejo, Mario Zárraga Salinas y Ma. Teresa Patricia Olvera Suárez; de las solicitudes de Pensión por Vejez a favor de los ciudadano y de las ciudadanas Rafael Badillo Reséndiz, Joel Barrón Mendoza, Juan Arias Durán, Emeterio Monroy Guerrero, Carlos Eduardo Espinosa Martínez, Eduardo Cos Londaiz, Germán Rodríguez Sánchez, María del Rocío Castro Mendoza, J. Faustino Alanís Rodríguez, Rubén Bautista Ramírez, Porfirio Mendoza Ángeles, Elías Codorniz Mendoza, Josefina Terrazas Palacios, Luis Estrada Ocaranza, Rodolfo Gutiérrez Barajas, Enrique Linares Sánchez y Pablo Hernández Olvera, y de las solicitudes de Pensión por Muerte a favor de los ciudadanos y de las ciudadanas Carmen Olmos Martínez, Paola Montes Guerrero, Ma. de la Luz Montes Sánchez, María Celia Vidal Serratos, Francisca González Martínez, Yolanda Romero Mandujano, Maricela Rodríguez Espíndola, Ma. Elena Lázaro Meza, Ma. del Carmen Ramírez Bustamante, Sabina Ruiz Peña, Lidia Antonia Hurtado Andrade, María Bolaños Reséndiz, Ma. del Pueblito Corrales Romero, Isabel Núñez Martínez, Argelia Ramírez Cota, Menor José Emiliano Hernández Ramírez, Ma. Irene Rangel Ramos, Juan Ramírez Martínez y María Elena Galván Hernández.

De igual forma los legisladores aprobaron en lo general los Dictámenes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, referentes a Solicitudes de Jubilación a favor de los ciudadanos y de las ciudadanas: Antonio Pacheco Aguillón, Gladis Ramírez García, Ma. Leticia Ferrusca Hernández, Jorge Antonio Martínez Mandujano, Rodolfo Gabriel Aguilar Gachuzo, Gloria Vázquez Martínez, Sabina Leyva Fajardo, Jesús Salvador Cruz Zamorano, Wilfrido León Ramírez, Pedro Reséndiz Trejo y Alonso Ramírez Huerta; así como la Pensión por Vejez a los CC. Federico de Guadalupe Reyes Padilla, María de la Cruz Lucio Morales, Salvador Mendoza Villa, Donato Rodríguez Rosas, Casimiro Pérez de la Paz, Jorge Hernández Mandujano, Sara Martínez Peña, Marco Antonio Espinosa Ortíz, Ma. Elena Socorro Ortíz Soto, J. Rubén Zúñiga Vizcaya, Mercedes Cayetana Sánchez Obregón, J. Socorro Meza Marroquín, Ma. Guadalupe Adriana González Núñez, Ambrosio Estrada Juárez, Blanca Estela Alcaraz Moreno, Joaquín Córdova Rivas, Luz Teresa Coronado Bravo, Lauro Rojo Venegas, Barbara González Mar, Catalina Sarmina Pérez, Luis Enrique Araiza Cerda, Jesús María Pedroza Ibarra, Armando Andrade García, Patricia Sánchez Uribe, Agustín Duarte Mendoza, Aida Alejandra Castillo Linares, Dinora Salas Gopar, José de Jesús Espinosa Cabrera, Juan Cruz Huerta Velázquez, Agustín Cruz Méndez, María de los Ángeles Morín Hernández, Joaquín Reséndiz Hernández, Gerardo Rebolledo Rodríguez, José Felipe de Jesús García López, Mariano Bárcenas Lara, María de Jesús Josefina Esteva Navarro, Cristina Balderas Balderas, Gil Bautista Villalón, Ma. Alejandra Morales Morales, Ma. Felicitas Reséndiz Romero, M. Eugenia Galván Rico, José Erasmo Martínez Martínez, J. Carmen David Elías Vargas, José Antonio Posadas Compean, Álvaro Martínez González, Ramiro Santos Martínez, Cecilio Hernández Mejía, J. Jesús Trejo Callejas y Ma. Estela Medina Vega.

En la discusión en lo particular de estos 60 dictámenes, se aprobó la reserva presenta por el Diputado Néstor Domínguez, en el sentido de modificar los considerandos y artículos resolutivos respectivos, con la finalidad de modificar los porcentajes, así como las cantidades que deberán percibir los trabajadores con base en lo que establecen los convenios que rigen las relaciones laborales que sostienen cada uno de los trabajadores con los diversos entes públicos y dependencias, siendo para ello aplicable el beneficio correspondiente para obtener su pensión por vejez o jubilación.

Lo anterior -dijo el legislador- con fundamento en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y con la finalidad de aplicar el convenio laboral suscrito por los trabajadores con el ente público y las dependencias para las cuales prestaban sus servicios, sin olvidar la correcta interpretación de los artículos 103, 104, 105, quinto transitorio y ahora la modificación al 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro,

En otro orden, los legisladores aprobaron la propuesta para devolver a la Comisión de Trabajo y Previsión Social una serie de Dictámenes relativos a Solicitudes de Jubilación, con el propósito de replantear su contenido aplicando las reformas a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, recientemente publicadas en el periódico Oficial La Sombra de Arteaga.

Dentro de esta sesión se aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura, presentada por su presidente, diputado Miguel Ángel Torres Olguín, por el que se propone otorgar la “Medalla de Honor Junípero Serra” del Poder Legislativo del Estado de Querétaro al Ing. Jaime García Olivares.

Para concluir, a propuesta del presidente de la Mesa Directiva se aprobó adicionar al orden del día de la sesión el Acuerdo por el que se propone al Pleno de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, se designe al titular del Órgano Interno de Control de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE).

En ese sentido, el diputado Miguel Ángel Torres Olguín dio lectura al Acuerdo de los integrantes de la Junta de Coordinación Política por el que se propone al Pleno se designe al Lic. Oscar Moreno Alanís como titular del Órgano Interno de Control de la ESFE, para el periodo comprendido del 1º de abril de 2021 al 31 de marzo de 2028. Acto seguido se tomó la protesta de ley correspondiente al ciudadano electo, en razón de encontrarse presente en el recinto legislativo.

En la parte correspondiente a Asuntos generales, hicieron uso de la voz los diputados Néstor Domínguez y Fabiola Larrondo; el legislador con relación al tema obra estructural en Pie de la Cuesta y la diputada con el relativo a reconocimiento a brigadistas.

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