Sesión de Pleno

Santiago de Querétaro, Qro., 28 de enero de 2021.- En la segunda Sesión Ordinaria del Pleno de la LIX Legislatura, convocada para este día, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera, dio cuenta de las solicitudes de licencia presentadas por las diputadas Karina Careaga Pineda y María Guadalupe Cárdenas Molina, a partir del 10 de enero; de Abigail Arredondo Ramos, a partir del 12 de enero y hasta el 12 de febrero; y del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, a partir del 29 de enero y hasta el 8 de febrero.

Continuando con el orden del día, también se aprobó el Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Valuación Inmobiliaria para el Estado de Querétaro, toda vez que son el conjunto de normas que regulan el ejercicio de la función valuatoria y deben ajustarse al momento que se vive, manteniendo congruencia con el avance tecnológico para documentar y archivar los expedientes de los avalúos realizados.

De igual forma, se reconoce la necesidad de contar con valuadores capacitados, por lo que, en apoyo a dicha tarea, las autoridades especialistas en la materia, así como de las Instituciones de Educación Superior y el Consejo de Valuadores impartirán cursos de actualización a fin de formar profesionales con conocimientos actualizados y con las mayores habilidades.

Es por ello que resulta necesario realizar las adecuaciones normativas correspondientes a la Ley de Valuación, con la finalidad de poder garantizar el debido desempeño de los profesionistas encargados de la valuación inmobiliaria en el estado, en el entendido de que su actividad profesional guarda una profunda relevancia en el desarrollo económico y de la protección del patrimonio de los queretanos, teniendo como fundamento la noción de la importancia y responsabilidad que está detrás de una determinación del valor comercial y la trascendencia que tiene el ejercicio de los valuadores, de conformidad con las exigencias y los retos que la realidad social, económica, tecnológica y empresarial presentan.

En otro punto, se aprobó el Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión y al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de que se garantice la subsistencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), toda vez que en fechas recientes, por parte del titular del Poder Ejecutivo Federal se emitieron diversos discursos en el sentido de la necesidad reducir el aparato administrativo correspondiente a los órganos constitucionalmente autónomos, proponiendo una reforma administrativa para que la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación o incluso la Fiscalía Anticorrupción reciban los pedidos de transparencia y acceso a la información pública recibidos por el INAI.

Entre las demandas están las que cuestan al erario, por lo que la autora de la iniciativa, diputada Connie Herrera consideró que, si bien, debe evaluarse su diseño, operación y financiamiento, más no así la desaparición del INAI, pues se estaría en un retroceso en los Derecho Humanos consagrados en nuestra Carta Magna y ello nos alejaría de la legítima aspiración a un Estado moderno.

Además de que consideró que el presupuesto de los organismos autónomos representa el 2.3% del presupuesto total del gobierno federal para este año. El presupuesto del INAI abarca solamente el 0.01%. Ello hace evidente que la desaparición del Instituto multicitado no resolverá la falta de ingresos públicos, ni cambiará las condiciones presupuestales del gobierno federal.

En cambio, su cierre y la implementación de la tutela en la Secretaría de la Función Pública sí generaría gastos extra, por ello, se hace un cordial llamado al Congreso de la Unión y al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que reconsidere la posible desaparición de los órganos constitucionales autónomos, particularmente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En el último punto del orden del día, la Mesa Directiva presentó un Acuerdo por el que la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, emite los Lineamientos para la aplicación de sanciones a servidores públicos sin superior jerárquico con motivo de infracciones electorales, con el objeto  de regular el procedimiento para tramitar y en su caso resolver sobre las vistas que reciba esta Legislatura, remitidas por las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales. La Contraloría Interna del Poder Legislativo del Estado será la competente para iniciar, tramitar y proponer un dictamen de resolución al Pleno de la Legislatura en este tipo de asuntos.

Entre los lineamientos propuestos, se deberá emplazar al funcionariado al que se le atribuye la infracción para el desahogo del procedimiento, para que dentro del término de tres días naturales comparezca al mismo, a efecto de que ejerzan su garantía de audiencia, expresen lo que a su derecho convenga, ofrezcan pruebas y formulen alegatos, debiendo señalarse fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos.

Solo serán admisibles las pruebas ofrecidas por las partes que sean pertinentes e idóneas para la individualización de la sanción a imponer y que estén permitidas por la Ley Electoral del Estado de Querétaro y Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Las pruebas que no tengan relación con las conductas sancionadas podrán ser desechadas por la Contraloría Interna, siempre que funde y motive su determinación.

Agotada la fase de pruebas y alegatos, en la misma audiencia la Contraloría Interna declarará cerrada la instrucción del procedimiento. Con posterioridad a la celebración de la audiencia, dicha dependencia procederá a la elaboración del dictamen correspondiente, el cual será turnado al Pleno de la Legislatura.

Una vez determinada la gravedad de la infracción, se procederá a la aplicación de la sanción correspondiente: apercibimiento, amonestación, multa, destitución e inhabilitación.