Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales aprueba diversas reformas

Santiago de Querétaro, Qro., 17 de febrero de 2021. Los diputados Agustín Dorantes Lámbarri y Leticia Rubio Montes, en sesión de la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, aprobaron el Dictamen “Iniciativa de Ley que Reforma el Artículo 289 del Código Penal para el Estado de Querétaro. 

Al hacer uso de la voz, el presidente de la Comisión explicó que “el Dictamen coincide con la necesidad del Artículo 289 del Código Penal para el Estado  de Querétaro, pero admite que, al hacer una revisión sobre todos los artículos que se modificaron con el Decreto publicado en el periódico oficial de Gobierno del Estado La Sombra de Arteaga el 20 de diciembre de 2020, se encontraron ventanas de oportunidad para mejorar dichas disposiciones y así asegurar el pleno respeto de los derechos humanos y procesales de toda la población queretana”.

Cabe señalar que durante esta Sesión se contó con la asistencia de la Dra. Roxana Ávalos Vázquez, presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro; así como representantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y diversos legisladores. 

En otro asunto, los legisladores aprobaron el Dictamen de la “Iniciativa de Ley que Reforma y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro”.

En torno al dictamen, el presidente de la comisión legislativa expuso que dentro de estas reformas, se destaca que en todo momento se respetará lo relativo a los convenios laborales vigentes y que beneficien al trabajador.

De igual forma, el diputado Agustín Dorantes afirmó que ahora los tramites de pensiones y jubilaciones de los trabajadores del estado ahora serán desahogados por los diversos entes públicos donde laboren las personas, ello a través de sus Oficialías Mayores o equivalente de cada ente; es decir, que las solicitudes de pensiones y jubilaciones ya no se remitirán a la Legislatura.

En ese sentido, mencionó también que se suprime la figura jurídica de la prepensión y la prejubilación, en razón de que estas aplicaban cuando los trámites de solicitudes eran remitidos a la Legislatura.

Además, afirmó que se suprime de los requisitos de la jubilación, el relativo a los 60 años de edad, subsistiendo solo los años de servicios (30 años) y que se hace la conversión del monto máximo de pensión o jubilación, de cantidad en pesos (42 mil) a Unidades de Medida y Actualización (575 UMAS), debiendo prevalecer las condiciones del convenio laboral.

Asimismo, dijo que se establecerá un mecanismo para que el propio trabajador o trabajadora decida si el trámite presentado ante la Legislatura del Estado, continúe con dicho órgano o con la oficialía mayor de la independencia donde prestó sus servicios.

El legislador expresó que en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, se ajusta lo relativo al proceso legislativo de las pensiones y jubilaciones, pues ya esos procedimientos se desahogarán conforme a la Ley de los Trabajadores, por cada ente público; así como también se ajustan las facultades de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

En otro asunto, durante esta sesión también fueron aprobados los Dictámenes de las Solicitudes de Jubilación a favor de la C. Celia Maya García y la C. Ma. Consuelo Rosillo Garfias.

De igual forma, fue aprobado el Dictamen de la “Iniciativa de Acuerdo por el que la LIX Legislatura del Estado de Querétaro exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que realice los ajustes necesarios al Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024, a fin de cumplir con los objetivos de Desarrollo Nacional Constitucionales”.

Para concluir los asuntos agendados dentro del orden del día, se aprobó el Dictamen de la “Iniciativa de Acuerdo por el que la LIX Legislatura del Estado de Querétaro exhorta al Congreso de la Unión para que impulse las acciones necesarias que establezcan el marco legislativo que haga efectivo el mandato constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos frente a las corporaciones tecnológicas en el espacio virtual”.