Santiago de Querétaro, Qro., sábado 30 de enero de 2016.- Los Diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, María Antonieta Puebla Vega , integrantes de la Mesa Directiva; el Presidente de la Junta de Concertación Política, Luis Antonio Rangel Méndez; la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública, Isabel Aguilar Morales y los Diputados Juan Luis Íñiguez Hernández, Leticia Mercado Herrera y Carlos Lázaro Sánchez Tapia, estuvieron presentes en la exposición de ensayos para la elección de comisionados que integrará el pleno de la Comisión Estatal de Información Gubernamental.

Como primer ponenteVíctor Manuel Meza Balandra,es Licenciado en Comercio Internacional, egresado del Tecnológico de Monterrey, con Maestría en Administración Pública Estatal impartida por la UAQ. Se ha desempeñado como Secretario de Administración y Finanzas en la Universidad Aeronáutica de Querétaro. Previamente colaboró para empresas particulares, ocupando posiciones en áreas de servicio al cliente y compras.

En su ensayo mencionó que bajo el nuevo esquema del Sistema Nacional de Transparencia, los procedimientos seguidos en forma de juicio que se accionan ante la Comisión, deberán integrarse en términos de los principios que regula al Derecho Administrativo Sancionador; y desde esta perspectiva, los procedimientos que se lleven dentro de la Comisión deberán sustanciarse con un apego a los derechos fundamentales de audiencia, certeza jurídica y legalidad, considera que los recursos de revisión y reconsideración a desahogarse por la Comisión Estatal de Información Gubernamental serían equiparables a los seguidos en forma de juicio, puesto que la autoridad que resuelve lo hace con autonomía respecto de la primera autoridad, en tanto tiene una posición de superioridad jerárquica frente a ella.

En relación a la estructura organizacional sugiere fortalecer las figuras de los comisionados con su propio equipo integrado al menos por un Secretario Técnico, un Proyectista y un Analista Jurídico, con el objetivo de brindar mayor autonomía a cada uno de los comisionados. Propone impulsar la promoción del derecho al acceso a la información pública, por medio de seminarios, cursos y talleres en toda la entidad, que difundan el conocimiento de las Leyes de Acceso a la Información; así como abrir foros de participación ciudadana en donde se escuche su opinión para la elaboración de propuestas y toma de decisiones que mejoren los procesos de transparencia y acceso a la información.

Posteriormente, se presentóThania María Jiménez Ontiveros quien es Licenciada en Derecho, fue Consejera Consultiva del Instituto Municipal de la Juventud y miembro fundador; fungió como asistente y coordinadora de agenda del secretario particular del Presidente Municipal de Querétaro de 1995 a 1996, posteriormente se desempeñó como Jefa del Departamento de Relaciones Públicas en esa misma Administración; así mismo participó como Analista Jurídico de la Dirección General Jurídica del municipio. Fue titular del Bufete Jurídico Gratuito del Municipio, en la Delegación Josefa Vergara y Hernández. Litigó en materia civil y familiar en la iniciativa privada, en  despacho de Gabinete Corporativo.

En su ensayo considera que para que la participación ciudadana se deje ver en la sociedad, es necesario el aporte, tanto de la información que ha de ser pública, como la rendición de cuentas por parte del aparato estatal, amén del interés participativo de la ciudadanía en los asuntos políticos y públicos, pues todos los asuntos de corte político han de rayar en cierto momento y obligatoriamente, en lo público, pero no todo asunto público necesariamente ha de concretarse como político, aunque la cotidianeidad es una de las formas más expresivas y desarrolladoras de la política natural.

Señala que es necesario hacer más comprensiva la idea de lo que conlleva la participación ciudadana, primeramente lo que enmarca, lo que atañe, el ser ciudadano, y no solo un ciudadano cualquiera, sino en una sociedad en vías de la consolidación democrática.

Propone la digitalización de documentos para que la investigación sea más sencilla, con un formato que le dará seguridad al investigador; así como líneas de trabajo concretas, como hacer programas en donde la difusión sea lo primordial, ya que es necesario realizar un portal para la eficacia de la consulta de la información, acceder al portar tan solo con un número de folio, evitando copias de la información requerida.

En el turno de J. Rafael Tirado Ugalde, licenciado en Derecho con maestría en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Querétaro, es litigante y catedrático en la Universidad Tecnológica, colaboró en la Dirección Jurídica Consultiva, como defensor de oficio de Gobierno del Estado; fungió como asesor jurídico en el municipio de Tequisquiapan; delegado ejecutivo de la Junta de Asistencia Privada del Gobierno del Estado.

En su ensayo manifiesta que la cultura de la transparencia se debe difundir por todos los rincones de la entidad, para que la ciudadanía esté debidamente informada.

 

Considera necesario legislar el manejo de redes sociales, no en el sentido de censurarlas, sino sobre delitos informáticos, delitos que se cometen en las redes sociales, y que quedan impunes, como lenocinio, prostitución infantil, pedofilia, robo de identidad, robo bancario a través de las transferencias electrónicas, el jaqueo, que es el robo de información y otros más, reconocidos por la convención de la ONU y que México tiene una pobre legislación en el Código Penal Federal.

 

Precisó que el derecho a la información trae consigo, un poder al pueblo y dárselo para que decida cuestiones públicas, directa o indirectamente sin darle la posibilidad de conocer toda la información necesaria para decidir, conduce a un proceso de toma de decisiones imperfecto que puede arrojar resultados dañinos para la comunidad. El derecho a la información es, en consecuencia, una precondición del sistema democrático y del ejercicio de la participación política de la ciudadanía. 

 

Posteriormente, tocó el turno aJosé Rodolfo Arturo Vega Hernández, es licenciado en Derecho, maestro en Administración Pública; docente, investigador; editor, autor y coordinador de diversos libros y artículos publicados en revistas especializadas. Miembro fundador de diferentes asociaciones sociales, políticas y académicas. Ha desempeñado cargos universitarios y en la administración pública. Se desempeñó como coordinador estatal de desarrollo municipal en Gobierno del Estado; así mismo participó como comisionado de la CEIG. Actualmente es miembro del Sistema Estatal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

Considera pertinente las siguientes propuestas que derivarán de la aplicación del Derecho de Acceso a la Información Pública: la institucionalización y fortalecimiento de los órganos garantes del derecho de acceso a la información pública; la profesionalización de sus integrantes; consolidación y estandarización de los procedimientos para solicitar la información pública, las vías de acceso y el establecimiento regular de los procedimientos para interponer recursos de revisión y otros. La modernización en todos sus planos para acceder a la información pública (lo que implica páginas web y procedimientos electrónicos para solicitar y entregar información pública). Asegurar la continuidad en las acciones de todos los gobiernos al contar con información segura, organizada y clasificada, lo que les permitirá con mayor facilidad tomar decisiones y desarrollar sus trabajos. 

 

Destacó las siguientes formas de participación que se deben ampliar y precisar: La revocación de mandato, el referéndum, el plebiscito, la Iniciativa Popular, la iniciativa de Leyes o el Derecho a iniciar Leyes. Considera que para tener éxito en estos mecanismos, se tiene que asegurar: la calidad, la transparencia y la oportunidad de la información; que puede derivar en una sólida cultura de participación; el acceso a la información pública gubernamental en todos sus niveles y órdenes de Gobierno, particularmente la referida al manejo de los recursos públicos, los procesos de participación (el electoral) y participando en la toma de las decisiones públicas. 

 

Puntualizó que al democratizarse la información, los programas, acciones y estrategias del sector público adquirirán la misma categoría y condición y asegurarán, por tanto, el ejercicio de los derechos humanos bajo una serie de principios y valores regulados en la Constitución federal y en las leyes secundarias; se ampliará el conocimiento de los ciudadanos en los asuntos relacionados con la “cosa pública” y tendrán más elementos para opinar, participar, aceptando o rechazando. De ahí la gran importancia del derecho de acceso a la información y su consecuencia, la transparencia.                                                                                                                                    

Jorge Cruz Altamirano es licenciado en Derecho con maestría en Derecho Constitucional y Especialidad en Derecho Privado.

En su ensayo manifiesta que a la realidad social se le puede dar un enfoque alterno, y que la problemática jurídica no solamente puede adoptar una solución sino diversas, ya que en el mundo en que actualmente vivimos, se supone necesaria la existencia de contrapesos a los grupos de poder que valiéndose de un sistema legal defectuoso, que hacen del mismo el trampolín para la consecución de sus fines.

Por lo que el adecuado empleo del Derecho Positivo, pero sobre todo del Derecho Convencional y de una debida motivación en la decisión de las autoridades jurisdiccionales y administrativas, abre la posibilidad de una sociedad más justa en donde los principios que aparentemente han motivado su transformación puedan concretarse en una realidad. Considera real la idea de que el Derecho Convencional pueda obtener una mayor difusión y complementarse con el sistema legal al que estamos impuestos; por lo que, aplicado así el Derecho, debe tomarse en consideración que el Derecho a la información y a la libre información gubernamental viene precisamente o deviene de una lucha de la sociedad por una mayor apertura y reclamo a sus autoridades por transparentar su quehacer en el ejercicio de su encargo.

Así pues, el Derecho de Acceso a la información Pública debe ser ante todo una verdadera realidad que pueda ser apoyada, a efecto de garantizar ese Derecho Humano que ante el orden internacional es de fundamental importancia que se garantice por parte del Estado y de cada uno de sus órganos de gobierno. 

 

Finalmente, Ma. Elena Guadarrama Conejo, es maestra en Derecho con maestría en Derechos Humanos y Democracia. Actualmente es asesora de la Coordinación de Enlace Legislativo de la Jefatura de la oficina de la Gubernatura del Poder Ejecutivo. Estuvo en el cargo de Jefa de Verificación Migratoria en el Instituto Nacional de Migración. Es socia fundadora de Alerta Social. Asociación dedicada a temas de derechos humanos, migración y trata de personas.

Expuso que el derecho de acceso a la información pública no solo beneficia a la ciudadanía, sino al Estado mismo en el logro de sus objetivos y compromisos sociales. 

 

Considera que el marco jurídico es importante en la medida en que una adecuada legislación garantice el derecho a la información y la protección de datos personales, da certeza a la ciudadanía sobre la forma en que operan las instituciones, establece contrapesos, limita la discrecionalidad en las decisiones y fortalece el Estado de Derecho. 

 

Como conclusión expresó que el derecho de acceso a la información, si bien, ha sido un derecho controvertido y de rispidez entre sociedad y gobierno, es la oportunidad de legitimar desde su ejercicio, el quehacer público y lograr en lo sucesivo un adecuado canal de comunicación. La aspiración de la sociedad y el gobierno, de lograr un entendimiento, se irá consolidando y legitimando, logrando lo mismo con los organismos autónomos protectores del derecho a la información y datos personales. 

 

Finalmente, el Diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera agradeció a los diputados presentes y a quienes en esta ocasión expusieron sus ensayos, con lo que concluyen la ultima etapa para la elección de los dos comisionados que integrarán el pleno de la Comisión Estatal de Información Gubernamental, la cual se llevará a cabo el día de mañana, domingo 31 de enero, en Sesión de Pleno de la LVIII Legislautura.