Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021.- Contando con la presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Antonio Ortega Cerbón y del secretario del Trabajo en el Estado, Mario Ramírez Retolaza, los diputados Tania Palacios Kuri, Luis Antonio Zapata Guerrero y José Hugo Cabrera Ruiz, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, aprobaron el dictamen de la Iniciativa de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral; la Iniciativa de Ley que deroga el Artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y la Iniciativa de Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro.

Dichas reformas tienen que ver con el funcionamiento y armonización legislativa del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro, organismo público descentralizado, cuyas funciones serán las de ofrecer el servicio público de conciliación para la solución de los conflictos laborales entre trabajadores y empleadores, individuales o colectivos, en asuntos del orden local, el cual entrará en funciones el próximo 1 de octubre.

Mario Ramírez Retolaza, secretario del Trabajo, precisó que “con esta armonización legislativa y creación como ley secundaria del Centro Estatal de Conciliación, a través del Consejo Institucional para la Implementación de la reforma laboral, se suma a garantizar a los trabajadores queretanos una dimensión de equidad en esta reforma en materia sindical, así como incluir la conciliación a través de estos centros que agilizarán los procesos, garantizando mejores condiciones de equidad y de justicia para los trabajadores”.

En su intervención. el presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Antonio Ortega Cerbón, dio a conocer que los magistrados analizaron lo relativo a los tribunales laborales, en donde se establecieron modificaciones para que el 1 de octubre este Poder esté en condiciones de cumplir con la nueva encomienda, garantizando todos los derechos fundamentales de los trabajadores y de los patrones.

En otro punto del orden del día, se aprobó el dictamen de Acuerdo por el que esta Legislatura exhorta al Congreso de la Unión para evitar las antinomias que provocaría la aprobación de la Iniciativa de reforma Constitucional en materia de Igualdad Sustantiva.

Asimismo, los legisladores aprobaron el Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 74 de la Constitución federal en materia de Partida Secreta.

Por su parte, el diputado Hugo Cabrera votó a favor de la prohibición de las partidas secretas, pero señaló que hay incongruencia en algunas acciones que lleva a cabo el gobierno federal, como ejemplo, señaló que la cámara de diputados federales permitió que el 80% de los contratos para obras y servicios que ha tenido el gobierno federal ha sido por adjudicación directa, lo que considera contrario al espíritu de transparencia de una cultura que se pretende erradicar.

Por otra parte, se aprobó en sentido de rechazo el Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al Artículo 73 de la Constitución Política federal en materia de Seguridad Privada.

El diputado Luis Antonio Zapata Guerrero manifestó su preocupación y rechazó a esta propuesta, pues consideró que el Congreso federal se está extralimitando en sus funciones y está quitándole facultades a las entidades federativas y municipios, pues uno de sus argumentos es facilitar el combate a la violencia y la inseguridad; además establecen que esta seguridad privada tiene que coadyuvar en situación de emergencia o desastre, por lo que recalcó que esta reforma no resuelve nada en particular.

Por su parte el diputado Hugo Cabrera se abstuvo de votar este dictamen ya que en la primera quincena del 2020, 7 de cada 10 mexicanos consideraron que vivir en su ciudad es inseguro de acuerdo con los Resultados la Encuesta de Seguridad Publico Urbana, realizada por el Inegi. “En medio de la crisis de salud y económica por la que atraviesa el país, se ubica la crisis de seguridad, la ciudadanía tiene el mismo temor a contagiarse de Covid-19 a ser víctimas de un delito, con estos datos, resulta preocupante que se quiera impulsar una Ley General de Seguridad Privada cuando no se ha podido garantizar la seguridad pública en el país”, precisó.

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