Santiago de Querétaro, Qro., 30 de marzo de 2026. La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos, la diputada Rosalba Vázquez Munguía, reiteró su compromiso con el derecho a la salud integral y la autonomía reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

 

Lo anterior, a propósito del paquete de firmas reunidas por una agrupación ciudadana y que el pasado 19 de marzo de 2026 hizo llegar a la Legislatura del Estado de Querétaro. Recordó que, como es del conocimiento público, este paquete fue presentado con la intención de manifestar el rechazo de dicho grupo respecto de la despenalización del aborto en el estado de Querétaro y, a su vez, exhortar a los legisladores para que declaren el 25 de marzo como el “Día Estatal de la Vida”.

 

“A pesar de que las firmas no constituyen un elemento vinculante para que esta Soberanía legisle en contravención a las disposiciones constitucionales y convencionales vigentes y en detrimento de los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, en virtud del discurso que se ha publicitado en medios de comunicación, como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos expreso de manera categórica que mi compromiso está con el derecho a la salud integral y la autonomía reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar”, afirmó la legisladora.

 

Dijo que, desde luego, celebra los ejercicios ciudadanos organizados a través de acciones como iniciativas ciudadanas, referéndums, consultas populares, entre otras, y que estos sean recibidos por las autoridades legislativas competentes, pues reconoció que estos ejercicios fortalecen como país democrático.

 

Añadió que, sin embargo, tal como lo establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos humanos y los medios indispensables para su ejercicio y garantía, no pueden ser sujetos de consulta ciudadana; esto -afirmó- porque los mecanismos de democracia directa traen consigo el riesgo de limitar derechos, dada la inevitable simplificación de las cuestiones y las opciones limitadas que ofrecen.  “Es decir, sin los filtros adecuados ni procesos transparentes que permitan el acceso real a dichos mecanismos, los resultados —u objetivos ocultos— de votaciones o firmas, pueden acabar impulsando situaciones injustas o contrarias al marco de derechos humanos reconocido actualmente”,  apuntó.

 

“Contrario a lo afirmado por la agrupación ciudadana, no es posible hablar de la “defensa de la vida”, mientras se criminaliza a las mujeres y personas gestantes por decidir ejercitar un derecho que tienen fundamentalmente reconocido; esto, lejos de “proteger la vida”, las empuja a someterse a procedimientos inseguros que ponen en riesgo su salud y, en algunos casos, su vida. Incluso, es preciso mencionar que la afectación a la salud y al proyecto de vida de las personas que optan por una maternidad obligada por miedo a la sanción penal,  es incuestionablemente mayor para las niñas y adolescentes, lo que agrava la situación de vulnerabilidad o de desventaja que enfrentan por su edad –lo que de suyo lesiona el principio del interés superior de la niñez que debe regir la actuación del aparato estatal–“, afirmó la legisladora.

 

Expresó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido clara, enfática y reiterativa: “La criminalización del aborto voluntario, bajo el argumento de una supuesta ‘protección de la vida prenatal’, es una grave violación a los derechos humanos de las mujeres, niñas, adolescentes y otras personas con capacidad de gestar. La SCJN ya ha declarado inconstitucional la criminalización absoluta del aborto en México y, pese a ello, el Código Penal de Querétaro aún mantiene estas restricciones, en desacato con los criterios de la máxima autoridad judicial del país y del estándar internacional de los derechos humanos”.

 

 

En ese contexto, manifestó que en su compromiso con la ciudadanía como defensora de los derechos obtenidos y las garantías necesarias para el desarrollo y bienestar de las personas, se reitera como defensora de la vida para garantizar que ninguna persona muera por un aborto inseguro e insistió en que el Estado debe proveer las condiciones necesarias para hacer ejercitable el derecho a decidir en sus dos vertientes: decidir reproducirse o no reproducirse.

 

“Esta defensa tiene, entre otros, un pilar fundamental: el principio de laicidad, que estamos obligados a observar, al estar consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. Es importante recordar que la laicidad proviene del pueblo y no de las iglesias, siendo que responde al interés público y de derechos humanos: este principio nos vincula a garantizar las condiciones para que las personas queretanas opten por el plan de vida que mejor se ajuste a sus propias convicciones individuales”, afirmó.

 

Añadió que, sin duda alguna, por su naturaleza, este principio también debe ser respetado en los procesos dentro de las iniciativas ciudadanas, siendo esto relevante, toda vez que, en un contexto democrático de libertades, el acceso al aborto seguro y legal, es un tema de interés público que debe mantenerse al margen de la influencia religiosa, pues cada persona es la única responsable de sus decisiones y de sus acciones.

 

“Así pues, ante la injerencia de cuestiones morales en la esfera política, me comprometo a impulsar leyes sustentadas en el respeto a los derechos humanos de todas las personas, a partir de los principios de laicidad, igualdad y no discriminación”, concluyó.

*Información enviada de la Oficina de la diputada Rosalba Vázquez Munguía.

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