Presenta el Diputado Ricardo Caballero Iniciativa de Ley para crear el Registro de Deudores Alimenticios de Querétaro El diputado Ricardo Caballero González, coordinador de la Fracción Legislativa del Partido Encuentro Social, presentó ante la Oficialía de Partes de esta Legislatura, una iniciativa de ley que reforma y adiciona siete ordenamientos del estado, como son: el Código Civil, el Código Penal, la Ley de Tránsito, la Ley de Hacienda de los municipios, la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y la Ley de Obra Pública, con el propósito de crear el Registro de Deudores Alimenticios de Querétaro (REDAQ). De acuerdo al diputado Caballero González, el REDAQ “será un mecanismo de presión social para responsabilizar a las personas que por ley tienen obligación de proporcionar alimentos, pues uno de los fines principales de la presente iniciativa, es buscar que aquellos deudores alimentarios morosos no sean favorecidos con ciertos beneficios, como son los descuentos por pronto pago en servicios como el predial o bien en el pago de multas”. Igualmente, el legislador está proponiendo que dichos deudores “no puedan ser contratistas, ni proveedores del Estado o municipios, dependencias, ni entidades”, pues considera que “el Estado no puede seguir gratificando a los ciudadanos que no cumplen con una de las obligaciones más fundamentales para el desarrollo de los miembros de la sociedad y que implica un derecho fundamental y de interés público como es el derecho a los alimentos, el cual la autoridad tiene el deber de proteger”. El diputado del Partido Encuentro Social expone en su propuesta que “desafortunadamente, la institución de la familia actualmente se encuentra en un periodo de decaimiento, donde los divorcios van en aumento, así como las separaciones de aquellos que han decidido vivir en concubinato, ya que según datos de INEGI publicados en el 2017 sobre matrimonios y divorcios en México, en 2015 se registraron 123 mil 883 divorcios, aunado a que un mayor número de personas decide vivir en concubinato, dando paso a menor número de uniones legales. Señala el legislador en su iniciativa, que estas separaciones han generado que los cónyuges o concubinos decidan acudir a instancias judiciales para determinar la manera de disolver el vínculo matrimonial y la forma de solventar las obligaciones que ambos contrajeron al momento de formar una familia, como es el hecho de proporcionar alimentos, por lo cual menciona “el número de juicios en los que se solicita el pago de alimentos es cada vez mayor, ante la irresponsabilidad e incumplimiento con el pago de los mismos por parte de quienes están obligados a proporcionarlos”. Por ello afirma que “es urgente la implementación de instrumentos que garanticen los derechos alimentarios no solo de los hijos, sino de todo aquel que por ley tenga derecho a los mismos, entre ellos a los padres, en su mayoría adultos mayores, así como personas unidas en matrimonio o en concubinato, pues cada vez va en aumento la irresponsabilidad de cumplir con dicha obligación de aquellos a quien por ley deben otorgarlos, llegando incluso al uso de medios fraudulentos para evitar el cumplimiento, sin que exista algún tipo de sanción”. En razón de dicho incumplimiento, el diputado Caballero González consideró necesario “crear mecanismos jurídicos como el Registro de Deudores Alimenticios de Querétaro, con el fin de otorgarles a quienes son víctimas de esta irresponsabilidad, un respaldo para lograr hacer efectivos sus derechos alimenticios”. Además, expresó que esto servirá como un medio de información y prevención, al dar la posibilidad de conocer si una persona adeuda o no pensión alimenticia, situación que servirá al solicitante para valorar el vínculo que quiera crear con esa persona. Dentro de los considerandos de la iniciativa de ley presentada, se establece que existen estados que ya cuentan con un registro de esta naturaleza, entre ellos Coahuila y la Ciudad de México; además, desde hace varios años ese tipo de registro forma parte de la legislación de países como Argentina, Uruguay y Perú, “lo que muestra el grado de retraso que existe en el marco jurídico del país y la gran necesidad de la presente iniciativa”.