Sesión de Pleno de la LIX Legislatura del Estado.

En Sesión de Pleno de la LIX Legislatura local, la Comisión de Puntos Constitucionales, presentó el Dictamen de las Iniciativas de Ley que reforma la denominación y el primer párrafo del artículo 1 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, Ley por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, en materia político-electoral a fin de suprimir la figura de las magistraturas supernumerarias, Iniciativa por la que se reforman el segundo párrafo del artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, en materia de violencia política contra la mujer en razón de género y Ley que reforma y adiciona el artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Querétaro. Este paquete de iniciativas fueron acumuladas en un solo dictamen, ya que son  reformas a la Constitución local y al Tribunal Electoral del Estado referentes a temas similares.

El dictamen propone la prohibición de todo tipo de discriminación por origen étnico, lugar de nacimiento, género, edad, identidad cultural, condición social, discapacidad, religión, opiniones, preferencias políticas o sexuales, estado civil, estado de gravidez o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Otra reforma constitucional consiste en que el Estado promueva normas, políticas y acciones para alcanzar equidad entre hombre y mujer, en todos los ámbitos; además de incorporar la perspectiva de género y derechos humanos en planes y programas, y se capacite a los servidores públicos para su obligatoria aplicación en todas las instancias gubernamentales.

Por otra parte, se proponen  reformas a la Ley del Tribunal Electoral del Estado para que, en caso de que un Ayuntamiento desaparezca o por falta absoluta de la mayoría de sus integrantes originada por cualquier causa, la Legislatura local nombre un Concejo Municipal que fungirá hasta terminar el periodo municipal o hasta que esta así lo determine.

Asimismo, se suprime la figura de las magistraturas supernumerarias, siendo que el Pleno del Tribunal se conformará por tres magistrados que actuarán de forma colegiada y serán electos en los términos establecidos por la Constitución local y las leyes de la materia, procurando el equilibrio de géneros. El titular de la presidencia del Tribunal durará en su cargo un año, no pudiendo ser reelecta para el periodo inmediato posterior y será designada de entre los magistrados, por el voto de la mayoría absoluta, durante el mes de diciembre de cada año.

El otro punto del orden del día, la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, presentó ante el Pleno, el Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de los Jóvenes, toda vez que en el Estado no existe un órgano revisor y consultivo de las políticas públicas enfocadas en materia de juventud, por tal razón surge la necesidad de crear un Consejo Ciudadano Juvenil, el cual debe ser incluyente, promotor de un bien común, formador de líderes y un innovador social.

Los Consejos Ciudadanos Juveniles, son órganos que colaborarán en coordinación con las Instancias para el Desarrollo de la Juventud, como instrumento de consulta, observación, evaluación, seguimiento e innovación de políticas públicas que contribuyan al desarrollo integral de los jóvenes generando capital social positivo. Por lo que resulta necesario reformar la Ley para el Desarrollo de los Jóvenes en el Estado, con el fin de dar certeza jurídica al órgano revisor, consultivo y de seguimiento de políticas públicas que contribuyen al desarrollo integral de los jóvenes generando capital social positivo.

El Pleno de la LIX Legislatura, aprobó también el Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma y adiciona el artículo 199 de la Ley de Movilidad para el Transporte del Estado, que contempla, entre otros requisitos, el relativo a que los conductores del servicio de transporte en general deberán haber concluido los estudios de nivel secundaria, mismo requisito que excede a los requisitos para la obtención de la licencia de conducir tipo C que es la requerida para la conducción de transporte público, y dentro de sus requisitos establece “saber leer y escribir”.

En ese sentido, se explicó que establecer más requisitos constituye una distinción basada en capacidades o conocimientos especializados para desempeñar una actividad determinada, misma que no debe de ser, aunado a que las capacidades técnicas y practicas se acreditan a través de la aprobación de las evaluaciones implementadas tanto por el Instituto Queretano del Transporte, como por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por lo que se elimina el requisito obligatorio de la escolaridad mínima de secundaria para los conductores del servicio.

Acto seguido, el Pleno de la Legislativa aprobó el Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez a favor del ciudadano Mariano Ángel Centeno Martínez, emitido en cumplimiento de ejecutoria de amparo, presentado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, toda vez que fueron cubiertos los requisitos de la Ley de los Trabajadores del Estado y del Convenio Laboral Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud de pensión por vejez, resulta viable la petición, por haber cumplido más de 60 años de edad, concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad correspondiente al 53%  del sueldo mensual que venía percibiendo, así como las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan.

Asimismo, se aprobaron los Dictámenes de las Solicitudes por las que se conceden Jubilación a favor de los CC. Ángel Fernando Loyola Aviña, Efrén Bárcenas López, Alfonso Valente Martínez Morado, Emma Carrazco Manríquez, Ma. Teresa Pérez Ledesma, Leonardo Martínez Reséndiz, Manuel Ramírez Policarpio, Isidoro Michaca Sánchez, Ma. Del Carmen Lugo Rodríguez, Amalia Pérez Durán, J. Guadalupe Rodríguez Rosas, Lucino Maciel Barajas, José Arturo Hernández Vázquez, María Elvira Palma Vázquez, Noé Martín Álvarez Arteaga, Andrés Nieto Espíndola, Arturo Giles Jaimes, Roberto Carlos Zúñiga López, Juan Carlos Moreno Martínez, José Raúl González Pérez, Jaime Rodríguez Hernández, Rafael Víctor Estrada Balderas, Enrique Barrón Hernández y/o J. Enrique Barrón Hernández y/o J. Enrique Tereso Barrón Hernández; Pensión por Vejez a los CC. Mario Ruíz Cortés, Ma. Zenaida Becerra Parra, María Cristina Camacho Pereda, José Fidel Maldonado Espinosa, Eliseo Zamora García, Irma Alicia Rodríguez Cervantes, Daniel López Martínez, José Reyes Velazco Nieto, Porfirio Hernández Padilla, Ma. Teresa Emma Bárcenas Acevedo, José Aurelio Gertrudis Jesús López Guerrero, María de la Luz López del Prado, Luz Elida Vega Aróstegui, José Juan Morales Reséndiz, Daniel Cancino Hernández, José Guillermo García Zúñiga, Roberto Federico Ramos Castro, José Serafín Antonio Gutiérrez Medina, María Luisa Sánchez Herrera, Ma. Luz Vega Balderas, Jesús de la Peña Méndez y Pensión por Muerte a los CC. Isabel Rodríguez Arroyo, Lucila María Dueñas, Deborah Ann Renich, Ruth Valencia Rojas, María Guadalupe Gutiérrez Haces, Luis Galván Hernández, Claudia Jaime Servín, Teresa Pérez Peña, M. Purificación Hernández Malagón y Lucila Martínez Loyola.

En virtud de haber cubierto los requisitos señalados en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios prestados, asignándoseles por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad mensual equivalente al 100% del último salario que percibía por el desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales y legales correspondientes.

Finalmente, la Comisión de Educación y Cultura presentó y el Pleno de la LIX Legislatura aprobó el Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo por el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que, a la brevedad, realice las gestiones conducentes para reactivar el servicio de internet en los planteles de educación básica en el Estado, así como para que se destinen los recursos necesarios a los programas con los que se proporciona ese servicio, mismo que se suspendió a principios de este año, o bien, para que se realicen las gestiones administrativas necesarias para reactivar dicho servicio. Además, se le exhorta a efecto de que reconsidere el monto de los recursos destinados al Programa “Internet para Todos” así como a la “Coordinación General @prende.mx” cuyas cantidades fueron disminuidas en más de la mitad de los que se destinaron en ejercicios fiscales anteriores, siendo que tanto el Programa como la Coordinación, son los principales pilares para que se brinde el servicio de Internet en los planteles de educación básica en el país.

Lo anterior, debido a que uno de los objetivos del gobierno federal para esta administración, es el combate a la corrupción, realizando revisiones de los contratos y concesiones que se han otorgado por parte de la administración pública federal a particulares y dejando de lado un servicio que es indispensable en todas las escuelas públicas y que es el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet que deben tener todos los niños y adolescentes en el estado y en el país.