Sesión Solemne

En Sesión Solemne de la LVIII Legislatura, la Dra. Ma. Consuelo Rosillo Garfias, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, entregó a la diputada Leticia Rubio Montes, presidenta de la Mesa Directiva, el Informe General que guarda la Administración de Justicia en el Estado.

Mensaje íntegro de la Magistrada Consuelos Rosillo Garfias.

Con fundamento en el artículo 29 fracción VII, concurrimos en este acto republicano, los Magistrados Celia Maya García, Eduardo Sarabia Sánchez, Carlos Roberto Fernández Moreno, José Antonio Ortega Cerbón, Marisela Sandoval López, Armando Licona Verduzco, Alfonso Jiménez Campos, Mariela Ponce Villa, Cecilia Pérez Zepeda, Leticia de Lourdes Obregón Bracho, Juan Ricardo Ramírez Luna, Greco Rosas Méndez y una servidora, quienes integramos el Pleno del Poder Judicial del Estado de Querétaro, a dar cumplimiento con nuestra responsabilidad de rendir el informe general que guarda la Administración de Justicia en el Estado de Querétaro.

La trascendencia de nuestro informe radica, en que más allá de los datos y cifras contenidos en el, resulta innegable que estamos en pleno proceso de transformación de la realidad jurisdiccional de la entidad. Este acto, simboliza también la consecución de nuevas e importantes metas.

Este documento condensa el arduo trabajo que durante el año realizó la Judicatura que me honro presidir. Dicho informe consta de 115 páginas, divididas en apartados, en los que se detallan el número de actividades, diligencias, audiencias, acuerdos, expedientes, tocas y resoluciones, emitidas tanto en primera como en segunda instancia. Así, como de las sesiones y acuerdos tomados por los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

Además, de las acciones de mantenimiento, adquisición de mobiliario y equipo, rehabilitación y construcción de inmuebles; del presupuesto autorizado y ejercido; del fondo auxiliar; de las licitaciones y adjudicaciones celebradas; de las estadísticas y sistemas de gestión judicial desplegados; así, como de las conferencias, talleres, cursos y diplomados organizados.

Este instrumento que entregamos a ustedes el día de hoy, es el concentrado de las labores que desempeñan 1,326 personas que integran el Poder Judicial del Estado y, es la situación que guarda la impartición de justicia.

Lo anterior, ha sido gracias a que el Poder Judicial cuenta con un Pleno renovado, sistémico, unido, democratizador y sin divisiones. Quienes conformamos el Pleno del Tribunal Superior de Justicia tenemos muy claro, que la única alternativa de avance real, es mediante una mística de armonía, solidaridad y tolerancia. Si algo nos ha fortalecido, es la unidad de nuestra diversidad.

La sinergia con el Consejo de la Judicatura, nos ha permitido lograr los acuerdos adecuados que permiten crecer y dar respuesta a las necesidades de una sociedad cada día más demandante y crítica.

La falta de recursos económicos ha sido sin lugar a dudas, un obstáculo en el crecimiento de nuestra institución, lo que definitivamente pone en riesgo la operatividad y el óptimo desempeño de la misma.

Hoy, ponemos en sus manos, el testimonio escrito de nuestro trabajo, de la optimización de los recursos que la Legislatura tiene a bien aprobar cada año. Como Pleno y Consejo, desde hoy hacemos un llamado a Esta Legislatura que se ha caracterizado por la sensibilidad jurídica en su ejercicio, a fin de que se considere al Poder Judicial para contar con una infraestructura física y mobiliaria suficientes para enfrentar los retos que hoy la sociedad demanda.

Rendimos este informe con plena conciencia de que quedan tareas pendientes; de que la ruta entre el desempeño judicial y las expectativas sociales nos obliga a redoblar esfuerzos; pero sobre todo, que la consolidación del Estado de Derecho es un proceso permanente y por tanto inacabado.

Sí, aspiramos -como de hecho lo hacemos- a alcanzar la excelencia judicial, es impensable no asumir una actitud triunfalista y de conformismo. Menos aún cuando tenemos por delante una serie de desafíos que son necesarios sortear y que pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

1. La oralidad familiar, civil y la mercantil, así, como la inminente reforma laboral, han sido programadas para iniciar ya.

2. Es fundamental que podamos consolidar la construcción o compra de un edificio en el municipio de San Juan del Río, y garantizar un acceso a la justicia en todas las regiones de la entidad en forma digna y adecuada. Pues la justicia inaccesible, es justicia denegada.

3. La buena marcha de los procesos judiciales precisa en buena medida de un sistema de monitoreo y generación de indicadores, que le permita hacer más eficiente su operación como lo exige CONAMER; su capacidad de respuesta y su flexibilidad para corregir errores, ello, requiere de tecnologías.

4. Fortalecer las áreas administrativas con personal calificado y especializado, para realización adecuada de la labor jurisdiccional, es un compromiso que desde la presidencia debe asumirse con responsabilidad.

5. Resulta inaplazable el planteamiento de más juzgados mercantiles, familiares y unidades para el nuevo sistema de justicia penal, ello, requiere necesariamente de capital humano y espacios físicos.

Todos estos desafíos parten de una necesidad común: “suficiencia presupuestaria”, por tanto, si bien éste Poder Judicial ha sido sometido a una disciplina económica, esto no resulta ser indisciplina, sino necesidad imperiosa para seguir manteniendo la paz social del Estado, pues sin la capacidad económica necesaria, este histórico proceso de transformación corre el peligro de quedar incompleto. Los retos que acabo de esbozar, nos obligan a renovar nuestro compromiso con la sociedad, con la institución y con la justicia: principio y fin de nuestro quehacer cotidiano. Es imperativo robustecer el modelo de justicia funcional que hemos alcanzado.

Una justicia que dé respuesta oportuna y adecuada a los conflictos sociales, en los que se privilegien los derechos sin menoscabo de la seguridad y certidumbre jurídica. Una justicia que se nutra de resoluciones judiciales sabias, prudentes y sensibles, cuya aplicación sea sencilla, ágil y alejada de excesivos tecnicismos y trámites burocráticos. Una justicia accesible, cercana, directa y humana, que sea transparente y que elimine cualquier posibilidad de corrupción e impunidad. Una justicia eficiente, efectiva y eficaz, del tamaño de nuestros sueños y aspiraciones y a la altura de lo que Querétaro exige y merece.