El Centro de Congresos de Querétaro fue sede de la sesión ordinaria del Pleno de la Quincuagésima Octava Legislatura, a la sesión acudió como invitado el General Carlos César Gómez López comandante de la Décimo Séptima Zona Militar.

En la sesión de pleno representantes de los grupos y fracciones legislativas, que integran la legislatura local, dieron un mensaje dirigido al Ejercito Mexicano, en el marco de su celebración próxima.

El legislador del PRD, Carlos Lázaro Sánchez Tapia, al hacer uso de tribuna felicitó a todas y todos los integrantes del Ejercito Mexicano, y se dijo gustoso de que los legisladores locales hayan sido invitados a celebrar el surgimiento de este honorable cuerpo.

Además durante su intervención reconoció el valor de todos y todas, e hizo mención de que “lo más valioso que tiene el Ejercito Mexicano son sus integrantes y merecen todo el reconocimiento de toda la sociedad por la noble labor que desempeñan”.

Indico “hoy sabemos que la poca tranquilidad que guarda nuestro país no existiría si nuestras fuerzas armadas no estuvieran en las calles, y sin ellos nos encontraríamos sumidos en la realidad de un estado fallido”.

Sabemos que contamos con unas fuerzas armadas comprometidas, que trabajan por la patria, por la seguridad interna, por la paz; Soldados, hombres y mujeres que ponen su vida por delante, al servicio de su pueblo y de su nación.

Para cerrar su intervención manifestó que: “desde la fracción galilea del PRD, refrendamos el compromiso urgente al llamado hecho por nuestras fuerzas de legislar su actuar a través de una ley que no confunda entre seguridad nacional, interior o pública y, sobre todo, que no concentre todas en una sola institución; una ley que ponga un plazo para el retiro de las fuerzas armadas de las calles; una ley que especifique que la participación, temporal, de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública no será permanente; una ley que tenga como objetivo el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública civil para que de esta manera se de paso a una política pública de seguridad compatible con los derechos humanos y el estado de derechos”.

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