Sesión de Pleno de la LVIII Legislatura

En Sesión de Pleno de la LVIII Legislatura, los diputados guardaron un minuto de silencio por las víctimas que fallecieron el pasado jueves 7 de septiembre a consecuencia del sismo. Acto seguido, se abordó lo referente al Dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Indígenas respecto a las Iniciativas de Ley que reforman el artículo 3 de la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, donde sean reconocidas como comunidades indígenas las siguientes: de Arroyo Seco: El Aguacate, La Lagunita y Río del Carrizal; Colón: El Mezote, La Zorra y Puerta de en medio; Huimilpan: Apapátaro, San José Tepuzas y Santa Teresa; Jalpan de Serra: Agua Fría y La Arena; Landa de Matamoros: Lagunita de San Diego, Mesa del Corozo y Sabinito; Tequisquiapan: El Tejocote. Con esta reforma se busca incorporar a estas comunidades al Catálogo de Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en tratados internacionales, así como en la Constitución Política federal y estatal.

No obstante, referente a dicho punto del orden del día, el diputado Luis Antonio Rangel Méndez solicitó una moción suspensiva para que el dictamen sea devuelto a la comisión legislativa y sea replanteado su contenido, en virtud de que consideró que existen inquietudes respecto al fondo del asunto. Esta propuesta fue respaldada con 22 votos a favor y 2 en contra.

Acto seguido, se aprobó con 23 votos el Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro, en materia de taxímetros, toda vez que esta es una opción que existe para el cobro por servicios prestados y que habitualmente no genera disconformidad entre las partes, mismo que computa los factores, distancias y/o tiempos del recorrido y tiempos de espera, indicando automáticamente el valor del importe a pagar por el servicio.

La implementación y uso de los taxímetros representa diversas ventajas, entre las que destacan: que se pueden incluir otros accesorios, por ejemplo la impresión de boletos; control de la recaudación y detección de fraudes del chofer al dueño, a través de la impresión de tickets o por computadora. Si el taxista no utiliza el taxímetro, pueden enfrentarse a las sanciones y multas e incluso expulsiones establecidas. Con el taxímetro se regularán los precios, los que ya no quedarán a libre decisión de ninguna de las partes. Además, se tendría confiabilidad en el servicio y una mejor calidad, ya que habría un mayor uso del servicio del taxi por el pago exacto por el servicio; se contaría con mayor cobertura y disponibilidad, considerando que habría mayor número de taxis en toda la ciudad, ya que la oferta sería abundante y seguro el servicio por el uso de taxímetro y transparencia al pagar.

El diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia celebra que esta iniciativa se haya retomado, ya que anteriormente su fracción legislativa, en 2016, ya había realizado esta propuesta, por lo que espera que no haya sido una cuestión política y que este nuevo sistema de transporte no le quede a deber a los queretanos.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable, diputado Luis Antonio Zapata Guerrero, expresó que la instalación de los taxímetros es una medida que permitirá que se deje de una vez por todas la negociación a la que se estaba acostumbrado, por lo que ahora se medirán de manera efectiva los tiempos y las distancias, con lo que se busca que los operadores y quienes están al frente de los taxis, no salgan dañados y que el ciudadano sepa con certeza que se le va a cobrar lo justo.

El diputado J. Jesús Llamas Contreras dijo que es necesario que se den a conocer a la ciudadanía las tarifas oficiales actuales, antes de implementar el servicio, para dar certeza tanto a los usuarios como a los prestadores del servicio, que no se afectará su economía con la implementación de los taxímetros; asimismo dar a conocer el banderazo de inicio que marcarán los mismos.

En otro punto del orden del día, con 23 votos, se aprobó en sentido de rechazo el Dictamen de la Solicitud de Jubilación a favor del C. José Jaime César Escobedo Rodríguez, presentado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, toda vez que del análisis del expediente de la solicitud de jubilación, se estima que el trabajador (…) no cumple con los requisitos que la ley de la materia exige para conceder una jubilación, por lo que se considera que el trabajador no ha generado tal derecho; ya que resultó imposible determinar con exactitud en qué momento el solicitante dejó de ser trabajador de la Usebeq, condición indispensable para exigir el derecho de jubilación; además de que no obra el oficio que autoriza la prejubilación del trabajador o documento para exigir el derecho a la jubilación.

El presidente de la comisión legislativa, diputado Jesús Llamas Contreras informó que este rechazo se debió a que el expediente no cumplió con los requisitos que la ley en la materia exige, como el requisito indispensable de los años de servicio necesarios, por lo que no se generó siquiera el derecho de jubilación; pero insistió en que no es posible que por la necesidad de acabar con jubilaciones abusivas, se perjudique a la base trabajadora, no respetando sus convenios laborales para cuantificar sus jubilaciones de trabajadores que, en su mayoría, son de ingresos modestos y que es una violación a sus derechos laborales.

Asimismo, se aprobó con 22 votos la Minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana, presentada por la Comisión de Puntos Constitucionales, ya que se requiere de procedimientos homologados en todo el territorio nacional para dirimir las controversias entre particulares, por ello se propone con esta reforma constitucional habilitar al Congreso de la Unión para que expida la legislación única en materia procesal civil y familiar, la cual permitirá prever procedimientos expeditos y uniformes en toda la República. Así también, minimizar las formalidades en las actuaciones judiciales y eliminar la diversidad de criterios judiciales sobre una misma institución procesal. Este nuevo mandato constitucional otorgado al Congreso de la Unión para expedir la legislación procesal única, tendrá como finalidad que las personas puedan tener acceso a un recurso sencillo, rápido y efectivo, que permita hacer eficiente y ágil el desarrollo de los procedimientos y juicios en materia civil y familiar.

El diputado Héctor Magaña, presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, informó que esta iniciativa pretende decretar la figura de prisión preventiva oficiosa por parte del juez penal en aquellos delitos cometidos con medios violentos, robo a casa habitación, lesiones que pongan en peligro la vida y que causen incapacidad parcial o total permanente; además de que a fin de que se contemple en los procedimientos orales la obligación por parte de la autoridad competente, de dejar constancia de dichos juicios en cualquier medio, que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en el referido precepto legal; así también, se considere el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio y la obligación de las autoridades competentes de privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales; de la misma manera, se plantea la reforma a efecto de que en lo sucesivo sea competencia exclusiva del Congreso de la Unión la legislación única en materia procesal civil y familiar.

En otro punto del orden del día, la Comisión de Planeación y Presupuesto presentó el Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo por el que la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro propone ante el H. Congreso de la Unión la Iniciativa que reforma la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con la finalidad de que regresen los REPECOS, toda vez que el Régimen de Pequeños Contribuyentes correspondía a los pequeños comerciantes, locatarios de mercados públicos, transportistas y prestadores de servicios; es decir, personas físicas que realizaban únicamente actividades empresariales, enajenaban bienes o prestaban servicios por los que no se requería para su realización título profesional, o por salarios, asimilados a salarios, arrendamiento, o por intereses; y cuyos ingresos en conjunto no excedieran de 2 millones de pesos anuales.

Ante ello, el presentar el Acuerdo de iniciativa para la Carama de Diputados del Congreso de la Unión, responde a las necesidades de dotar de posibilidades fiscales a los obligados de contribuir al gasto público, pero que esto debe ser acorde a sus ingresos como pequeños contribuyentes y a las posibilidades de operatividad que representan llevar el seguimiento y la determinación de sus tributo a pagar a la autoridad, se busca simplificar la recaudación lo que beneficia a la autoridad, así como el sujeto obligado, ya que este no se niega a no contribuir al gasto público, sino que este no le represente más gastos económicos y materiales, así como tarifas fijas, ya que sus ingresos no varea de bimestre a bimestre. Esta iniciativa se aprobó con 22 votos a favor.

El diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia informó de su voto en contra, toda vez que considera que con la aprobación a la reforma fiscal se ha permitido que hoy el país siga avanzando y siga teniendo una economía pujante, a pesar del desastre de la reforma educativa y energética. Consideró que sí tiene que pagar quien más tiene y que el tema de los Repecos lastima a cierto sector de la clase social, por lo que sí debe haber una modificación, pero no simplemente en el sentido de reestablecer el viejo régimen.

La diputada Norma Mejía Lira consideró viable que esta propuesta sea enviada al Congreso de la Unión, para que sean escuchadas las voces de los grupos de pequeños comerciantes que solicitan una alternativa para tributar.

El diputado Eric Salas González expresó que las contribuciones deben ser de manera proporcional y equitativa; dijo que el Régimen de Pequeños Contribuyentes correspondía a esos comerciantes, simplemente se está buscando simplificar su recaudación, ya que no niega contribuir al pago público y no tener que lidiar con una serie de trámites y contrataciones de servicios profesionales y equipo de cómputo que complica sus actividades.

Para finalizar, los legisladores aprobaron con 23 votos a favor, el Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales respecto a la Iniciativa de Acuerdo por el que la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro aprueba presentar al Congreso de la Unión, la Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 19 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa. Con ello se busca decretar la figura de prisión preventiva oficiosa por pate del juez penal en aquellos delitos cometidos con medios violentos, robo a casa-habitación, lesiones que pongan en peligro la vida o causen incapacidad parcial, total o permanente. Cabe señalar que actualmente sólo se puede decretar prisión preventiva en los delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud.

Al hacer uso de la voz como autor de la iniciativa, el diputado Mauricio Ortiz Proal solicitó el voto favorable a esta propuesta para poder fortalecer los esfuerzos en materia de seguridad, porque afirmó que no hay barrio, colonia o comunidad donde la gente no exprese que su principal preocupación sea la inseguridad, “lo hemos dicho fuerte y claro, el tema de la seguridad nos debe involucrar a todos”. Explicó que por ello esta propuesta busca reformar los términos en los que se encuentra inscrito el artículo 19 de la Constitución, para establecer la prisión preventiva como medida cautelar, como un derecho que pueda solicitar el juez en el caso de tres delitos: lesiones que pongan en peligro la vida, lesiones que causen incapacidad parcial, total o permanente y el robo a casa-habitación, el cual -dijo- según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha tenido un incremento en Querétaro, particularmente en la zona metropolitana”. Para finalizar, ratificó su “compromiso en torno a la lucha por la tranquilidad y la paz que demandan y merecen los queretanos”.

En asuntos generales, la diputada Atalí Rangel Ortiz tomó la palabra, a fin de expresar su preocupación ante el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2018, que -dijo- prevé una disminución de 6 mil 272 mdp en programas y acciones del campo mexicano. Expuso las afectaciones que esto traería, “de aprobarse tal cual como se presentó este proyecto de presupuesto para el próximo año, el programa de acciones en concurrencia con las entidades federativas, desparecería, (…) el escenario presupuestal para las entidades federativas decrecería en un 24.1% y para nuestro estado se asignarían solamente 65.1 mdp (en el presente año se están ejerciendo 105 mdp)”, por ello la legisladora hizo un exhorto a fortalecer y proteger el sector rural y agropecuario en todo el territorio nacional, defendiendo un presupuesto justo para el campo, a fin de no entrar en un severo retroceso. Asimismo, hizo uso de la voz el diputado Mauricio Ortiz Proal para hacer un llamado a activar los trabajos en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a fin de abordar asuntos referentes a pensiones y jubilaciones, “para que se permita ya a estos trabajadores, tener acceso a su derecho”.