La Comisión de Igualdad de Género aprobó proyectos de ley en beneficio de grupos vulnerables Las diputadas Verónica Hernández Flores y Herlinda Vázquez Munguía, integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, Grupos Vulnerables y Discriminados, aprobaron el Dictamen que reforma la Ley para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad del Estado, toda vez que resulta necesario que la legislación estatal se encuentre debidamente armonizada con la legislación federal en la materia y con los instrumentos internacionales, a fin de propiciar un ambiente adecuado para el correcto desarrollo e integración en igualdad de condiciones, de aquellas personas con algún tipo de discapacidad. Por lo que se adiciona una fracción que indica que la discriminación por motivos de discapacidad, será entendida como cualquier distinción, exclusión y restricción que tengan el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de cualquier otro tipo. Asimismo, se adiciona la definición de la educación inclusiva, como la que propicia la integración de personas con algún tipo de discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Por otra parte, se establece que entenderá como lenguaje tanto la legua oral como la de señas y otras formas de comunicación no verbal. La diputada Verónica Hernández dijo que las personas con cualquier tipo de discapacidad enfrentan situaciones complicadas hasta en sus quehaceres más ordinarios, y qué decir cuando se enfrentan a barreras como la falta de accesibilidad en el transporte o en la calle, sumando la indiferencia de quienes cohabitan en la ciudad; y aunado a esto, las barreras económicas, laborales y emocionales que hacen más complicado el desarrollo con cualquier tipo de discapacidad, dificultando su inclusión a la sociedad. Dio a conocer que según datos del INEGI, la población con algún tipo de discapacidad en el 2010, era de 5.1% del total y en 2015 ascendió a casi el doble; por su parte, la Organización Mundial de la Salud sitúa esta taza hasta en un 14%, porque muchas veces se cree que una persona con discapacidad es aquella que tiene una enfermedad hereditaria o con alguna situación fisiológica evidente. La media nacional indica que por cada 100 mil habitantes existen 60 personas con algún tipo de discapacidad y Querétaro se encuentra justo en esta medida. En otro punto del orden del día, se aprobó el proyecto que reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado, toda vez que la Organización de las Naciones Unidas, a través de sus Estados miembros, crearon la “Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, en la que uno de los objetivos específicos es “alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres”, y que, debido al desarrollo histórico que viven quienes hoy integran la población de adultos mayores en la entidad y al creciente aumento poblacional en ese rango de edad, resulta importante contar con una definición de género, que abone al entendimiento de las percepciones tan diferentes que existen entre ellos y las nuevas generaciones, debidas en su mayoría a la diferencia generacional que incluye la forma en la que se ve y se aceptan los diferentes roles de género.
