En Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se aprobaron dictámenes en materia de reformas al Código Penal y al Código Civil del estado de Querétaro En sesión de trabajo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la LVIII Legislatura del Estado, presidida por el diputado Luis Antonio Rangel Méndez, e integrada por los legisladores Verónica Hernández Flores, J. Jesús Llamas Contreras, Roberto Carlos Cabrera Valencia y Carlos Lázaro Sánchez Tapia, y en la que estuvo presente el subsecretario de Gobierno estatal, Víctor de Jesús Hernández; los legisladores aprobaron el proyecto de dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Querétaro, a efecto de sustituir el salario mínimo por la Unidad de Medida y Actualización UMA, para el cumplimiento de pago de multas. Al hacer uso de la voz, el diputado J. Jesús Llamas Contreras, expresó que resulta necesario armonizar las leyes y ordenamientos de su competencia en la materia y no seguir tomando en cuenta el salario mínimo como índice de unidad base, medida o referencia para afines ajenos a esa naturaleza, “dentro de las normas susceptibles a armonizarse se encuentra nuestro Código Penal, ya que este hace referencia al pago de multa, que consiste en el pago de una cantidad de dinero al estado, calculado en salario mínimo, por lo cual resulta necesario armonizar dicho Código, con el fin de que las multas se fijen mediante la UMA vigente y no al salario mínimo, por lo cual resulta viable la reforma propuesta por un servidor, a fin de que la desindexación coadyuvará a dignificar el salario mínimo y repercutirá en el bienestar de la población”. En otro punto del orden del día, aprobaron el proyecto de dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma los artículos 113 y 272 del Código Civil en vigor en el Estado de Querétaro. Durante su intervención, el diputado Jesús Llamas Contreras señaló que resulta pertinente y de gran impacto favorable para la sociedad de nuestro estado, establecer en el Código Civil la obligación de que la autoridad judicial competente de oficio, le informe y haga de su conocimiento de un divorcio decretado al Registro Civil, ya que esta obligación coadyuvará a evitar diversos problemas que puedan generar afectaciones graves en la esfera jurídica de las personas, que puede trascender en muchas ocasiones su patrimonio, “ya que el hecho de que el Registro Civil no tenga conocimiento de los divorcios decretados por la autoridad judicial competente por falta de interés jurídico en impulso procesal de las partes, ha significado en numerosas ocasiones, en dificultades en diversas materias, por ejemplo, como trámites fraudulentos ante autoridades administrativas y jurisdiccionales, como pudiera ser en los juicios sucesorios intestamentarios o testamentarios, precisamente expuestos en el presente dictamen; por esta razón quiero manifestar que el sentido de mi voto será favor, reconociendo la labor del diputado Héctor Magaña, autor de la iniciativa que estamos discutiendo, y al presidente de esta comisión, diputado Luis Antonio Rangel, por la disposición de presentarnos un dictamen a favor de la iniciativa”. En asuntos generales, el diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia hizo un exhorto para que se establezcan plazos para el desahogo de los asuntos que se encuentran pendientes al interior de la comisión legislativa.
