Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprueba reformas en materia de protección a víctimas En sesión de trabajo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la LIX Legislatura del Estado, presidida por la diputada Verónica Hernández Flores, e integrada por los legisladores Miguel Ángel Torres Olguín y Néstor Gabriel Domínguez Luna, y en la que estuvo presente la diputada María Guadalupe Cárdenas Molina, aprobaron el proyecto de dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Protección a Víctimas, Ofendidos y Personas que intervienen en el Procedimiento Penal del Estado de Querétaro, para denominarse ahora como Ley de Protección a Víctimas y Personas que intervienen en el Procedimiento Penal del Estado de Querétaro; de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro y de la Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado. Al hacer uso de la voz la diputada Verónica Hernández Flores, expresó que la propuesta presentada por el Gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién, a través de su Secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, busca promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas. Mencionó que también contempla adecuar y actualizar la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro y la de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. “La iniciativa de protección a víctimas pretende adicionar algunas fracciones para articular políticas públicas, a efecto de brindar la adecuada atención y protección a las víctimas; respetando su derecho a la preparación adecuada del daño sufrido. Por lo que una de las principales adiciones es ampliar el derecho de las víctimas a ser tratadas con humanidad y respeto en su dignidad”. Por su parte, el diputado Miguel Ángel Torres Olguín, coincidió en que se lleve a cabo una adecuación en la normatividad interna en materia de protección a víctimas u ofendidos del delito, con la finalidad de salvaguardar el orden jurídico y la determinación constitucional que constriñe a la construcción de un marco normativo en apego a los principios contenidos en la Carta Magna, “esto con la finalidad de proteger los derechos fundamentales de las personas y de fortalecer el Estado democrático de Derecho, que solo puede ser producto del respeto a los principios de legalidad y seguridad jurídica”, finalizó.
