Santiago de Querétaro, Qro., 8 de septiembre de 2026 Partimos de una premisa clara: lo que no se mide, no se puede evaluar. Sin embargo, la evaluación de un gobierno no se mide por la cantidad de espectaculares en las calles, sino por el bienestar real en los hogares queretanos.

 

Hemos visto ya la ciudad y los municipios inundados con este informe, hemos visto a funcionarios de todos los niveles, incluso compañeras y compañeros de este Poder Legislativo, que parecieran promotores del Ejecutivo, “llevando” el famoso informe a la ciudadanía; ojalá exista un apartado en este informe, que nos diga cuál es el costo de las horas invertidas por tantas y tantos servidores públicos que dejan sus lugares de trabajo por estar con esta promoción, así como el costo de utilizar vehículos oficiales de todas las dependencias, camioneta personalizada para tal efecto, así como un autobús, mismo que estoy segura hace falta allá en las comunidades, en donde la espera de una unidad puede ser de hasta una hora, sí hasta una hora, y qué decir de la falta de inclusión, pues en muchas comunidades no existen puntos de recarga de la famosa tarjeta, no hay  acceso  a internet o simplemente nuestros adultos mayores no saben usar este tipo de tecnologías.

 

Vemos que con mucho ímpetu reparten historias de éxito, presumiendo que más de 700 mil habitantes cuentan con servicios básicos. Pero recorrer nuestras comunidades basta para contrastar el discurso con la realidad. Se anuncian pozos con gran despliegue publicitario, pero en los hogares la escasez de agua persiste. Resulta inaceptable que hayan tenido que transcurrir cinco años para que el gobierno apenas reconozca este rezago. En la zona metropolitana, decenas de familias sobreviven entre el tandeo, cobros injustos por macromedidores y la compra constante de pipas. Sin pavimentación, sin banquetas y sin drenaje.

 

Señor Gobernador: la realidad no se oculta con propaganda. Le falta dar resultados al resto del Estado: a un millón y medio de personas a las que esta administración les sigue debiendo lo elemental.

 

Y esos servicios elementales incluyen la seguridad pública. Es cierto que Querétaro es una de las entidades más seguras, sin embargo, nos encontramos por debajo de la media nacional en cuanto al número de efectivos por cada 100 mil habitantes, métrica que nos da una idea del nivel de seguridad, y eso se resiente sobre todo en las comunidades más alejadas, en el semidesierto y en la sierra, en las comunidades alejadas de sus cabeceras municipales, donde la respuesta a las emergencias de seguridad es lenta y a veces ni siquiera llega.

 

El combate a la inseguridad no solo requiere patrullas, exige presencia permanente,  a la gente  de nuestras localidades no se les consuela con discursos, les duele la falta de atención.

 

Es cierto que el tejido social sano es fundamental en un Estado de Derecho, sin embargo, en la administración vemos que la prevención no les importa mucho, tan solo comparemos el presupuesto asignado al DIF estatal, quienes velan por nuestras infancias, nuestras familias y nuestros adultos mayores, contra el presupuesto asignado al sistema penitenciario, que es tres veces mayor, con más de 1,200 millones de pesos, tan solo este año.

 

Así como el tema de apoyos a las personas con discapacidad, en el que en el año anterior estuvimos trabajando, para que desde la ley, las personas con discapacidad permanente pudieran tener acceso a un apoyo que les permitiera sobrellevar su ya de por sí difícil situación, la respuesta fue tajante: no hay presupuesto. Y ya en el presupuesto de egresos para este año, se logró crear una bolsa para este fin, con hasta 30 millones de pesos, mismos que ahora reparten en tarjetas, con esos fines electoreros que según critican, promocionando al gobierno y con los que supuestamente no están      de acuerdo.

 

Comparemos esa asignación, con los más de 167 millones destinados a comunicación del estado, de los cuales más de 35 millones se destina sólo a difusión por internet. ¿Cómo justifica esta administración destinar millones de pesos al posicionamiento digital, mientras miles de familias cuidadoras y personas con discapacidad enfrentan la falta de apoyos institucionales básicos? Esa no es una cifra aceptable, mucho menos digna de informar.

 

Nos dicen que surten el 95% de las recetas médicas y discúlpenme, pero no entiendo en dónde, les invito a darse una vuelta por nuestras comunidades, como la Manzana en Amealco, en donde se cuenta con espacio donado por los habitantes para la ampliación del centro de salud y donde desgraciadamente no existe tal servicio.

 

Hemos visto como cuando llega el gobernador al hospital general que todo luce como nuevo, abastecido, pero en cuanto se retira con su comitiva, la realidad es otra: médicos especialistas que renuncian y no hay nadie para informar a los familiares, que de por sí esperan meses para su consulta. La atención a los servicios de salud, que debiera de ser una prioridad, se convierte en una verdadera calamidad para las y los ciudadanos, que a diario ven más mermada su situación por las condiciones en las que se “ofrece” este servicio.

 

Y es que se darían cuenta de cómo están las cosas realmente si visitarán las comunidades, pues es sabido por todas y todos que solo asisten, y por ende, solo apoyan, a los municipios gobernados por su partido. Es triste ver cómo se tienen en el olvido a Ezequiel Montes, Tolimán, Amealco, qué decir de Cadereyta, entre otros.

 

Y esto lo reafirmó en el caso de Huimilpan, donde en los primeros tres años de la actual administración estatal estuvimos olvidados por el Estado, sin apoyos ni inversiones en nuestro territorio, y ahora sí, vienen a decirnos que nuestras familias tienen todo su apoyo. Repito, no nos hagan pensar mal, pues como recién lo anunciaron en un foro, Huimilpan es “un lienzo en blanco” de 5 mil hectáreas proyectadas en su plan de crecimiento urbano, dispuestas para los intereses de los cárteles inmobiliarios que operan en el estado, sin importarles el medio ambiente, el acceso al agua, no es de extrañar que por eso querían instalar ahí su proyecto millonario de El Batán, ese que no se aprobó aquí, porque el agua es vista como un mero negocio, no como el derecho humano que nos pertenece a todas y todos.

 

Nos hubiera encantado que, en un verdadero ejercicio de diálogo y transparencia, el señor gobernador estuviera hoy presente en este recinto. Que viniera a explicarnos con claridad lo que tanto presumen en sus folletos informativos: esa supuesta participación de más de 600 mil personas en un modelo de «gobierno abierto».

 

Perdón, pero, ¿de dónde salen esas cifras? Porque en esa consulta no estuvo la voz de madres y padres de familia que carecen de acceso a la tecnología, de comunidades originarias donde el cuento siempre es el mismo, “tienen autodeterminación” y sin dejar claro para nadie hasta dónde llega. Presumen inversiones históricas en las zonas indígenas y lo que no dicen es que esas inversiones se realizan con fondos federales, porque aquí el desarrollo de nuestros pueblos originarios no les interesa. Y si alguien lo duda, basta recordar lo que ocurrió en el Centro Histórico de nuestra capital:  represión, intolerancia y violencia.

 

Los ejercicios informativos son necesarios y son una obligación para quienes trabajamos en el servicio público. La ciudadanía tiene el derecho de saber en qué se gasta el recurso público, cómo se administra el dinero del pueblo y resulta condenable que en esta ocasión salgan servidores y servidoras públicas no solo del Ejecutivo, sino de los municipios, y de otros Poderes, promocionando la imagen del titular del Ejecutivo, mismo que hoy no tenemos aquí, cumpliendo con su responsabilidad.

 

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