En temas como violencia familiar, abusos deshonestos y sexuales a menores; así como protección al patrimonio familiar.

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con la asistencia del diputado Luis Antonio Rangel Méndez, Verónica Hernández Flores, Roberto Carlos Cabrera Valencia y Carlos Lázaro Sánchez Tapia, Presidente, Secretaría e integrantes de la misma, respectivamente, aprobó por unanimidad el Dictamen de la “Iniciativa de Ley que reforma el artículo 217 bis y 217 sextus del Código Penal para el Estado de Querétaro. Contando la presencia en esta sesión de Fernanda Lazo y Renato López Otamendi, miembros de la Fundación Vida Plena IAP, que opera el programa Corazones Mágicos, quienes desde hace años, han venido trabajando con niños víctimas de abusos sexuales; también estuvo presente Carlos Mier, Consejero de COPARMEX-Querétaro, quien ha estado al pendiente del trabajo de esta comisión.

La diputada Verónica Hernández, autora de esta iniciativa, expresó que a pesar de que México ha firmado y ratificado diferentes tratados internacionales que han sido base para la protección de los derechos humanos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, para vivir una vida libre de violencia, lamentablemente la violencia familiar es un problema que continúa lacerando a la sociedad. Afirmó que este tipo de violencia generalmente envuelve en un círculo, del cual es muy difícil salir, máxime si las víctimas no cuentan con un respaldo. Dijo que muchas veces la víctima se encuentra sometida no solo físicamente, sino psicológicamente a su agresor, quien a través de amenazas amedrenta a la víctima, de tal modo que esta opta por retirar la denuncia o en el peor de los casos, ni siquiera se atreve a dar parte a las autoridades. Señaló que no se debe pasar por alto que las víctimas de este delito también pueden ser menores de edad y que son ellos quienes se encuentran más indefensos ante su agresor, lo que dificulta más su acercamiento con la autoridad. Manifestó que por ello, esta iniciativa de ley busca que en cuanto la autoridad tenga el conocimiento de alguna situación de violencia familiar, sea su obligación investigar a fondo, brindando a la víctima en todo momento apoyo psicológico, cumpliendo con su obligación de velar por el interés superior de los menores. En suma, la diputada afirmó que “con esta iniciativa se busca que sea la obligación de la autoridad investigar la comisión de este delito, a fin de identificar el grado de violencia que sufre al interior de ese núcleo, con el objetivo de ayudar a la reintegración de la familia afectada, brindar la máxima protección a las víctimas y en el caso extremo, castigar al agresor”.

Los integrantes de esta comisión llevaron a cabo el análisis, discusión y aprobación por unanimidad del Dictamen de la “Iniciativa de Ley que reforma el Código Penal del Estado de Querétaro, con el propósito de aumentar las penas previstas para el delito de abusos deshonestos”, respecto de los artículos 165 y 166, que van de los 3 meses a 3 años de prisión y de los 2 a los 7 años de prisión. Para que ahora sean de 2 a 3 y de 4 a 7 años de prisión, respectivamente, con el único fin de proteger a las niñas, niños y adolescentes.

En torno a este dictamen, el presidente de la comisión, Luis Antonio Rangel, expuso que siempre se ha manifestado a favor de la construcción del mejor Querétaro para el futuro, y que para alcanzar el mejor futuro, se debe proteger el mayor activo: los niños, por lo que dijo: “todo lo que proteja y promueva los mejores intereses de la niñez queretana, debe ser considerado y aprobado por este Congreso. Por ello, y en conjunto con el programa Corazones Mágicos, presenté esta iniciativa que hoy dictaminamos, misma que invito a mis compañeros a aprobar de manera contundente”. Destacó que, con estas reformas, se busca básica y fundamentalmente que aquellos que se atrevan a abusar sexualmente de los niños, encuentren un marco jurídico riguroso, que no les permita beneficios, evadir la justicia y regresar a la calle de inmediato, para volver a poner en riesgo a los menores. El diputado también destacó la participación de la sociedad civil en esta iniciativa, particularmente de quienes operan el programa Corazones Mágicos.

En su oportunidad, Fernanda Lazo, Vicepresidente del Patronato de la Fundación Vida Plena IAP, expuso la relevancia de esta iniciativa. Dijo que a través del programa Corazones Mágicos, son la única institución especializada en el estado de Querétaro que atiende el problema del abuso sexual infantil. Afirmó que, según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 niños sufre abusos sexuales y los abusos deshonestos son parte de ello, los cuales urge castigar de manera severa y que los agresores sexuales de los menores no estén en las calles. Destacó que esta iniciativa es un avance para el estado de Querétaro, con la cual se pone a la vanguardia, ya que lo se busca -dijo- es que no puedan salir bajo fianza los agresores sexuales, por 10 mil o 20 mil pesos. Por ello agradeció el apoyo de los legisladores para la aprobación de estas reformas, pues aseguró que lo que se siembre el día de hoy en bien cada uno de los menores, surtirá efectos positivos el día de mañana.

El diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia se sumó al beneplácito por la aprobación de esta iniciativa. Dijo que este tipo de propuestas sin duda son importantes en un Querétaro que refleja un crecimiento importante, “por ello sancionar con mayor dureza a quienes cometan violencia, ya sea contra la familia o los niños, es importante”. Dijo que igualmente es urgente acabar con el hostigamiento y el acoso sexual callejero, subiendo las penas ante ese tipo de acciones.

De igual forma los legisladores aprobaron por unanimidad el Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma los artículos 720, 722, 729, 730, 732 y 734 del Código Civil vigente para el estado de Querétaro; y adiciona los artículos 729 Bis y 729 Ter y reforma la fracción V del Artículo 445 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el estado de Querétaro

En torno a este asunto, el diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia, autor de esta iniciativa, manifestó que la protección al patrimonio de las familias es una de las principales preocupaciones del Partido de la Revolución Democrática, el cual representa en esta Legislatura, “la situación económica que vive el país actualmente nos obliga a procurar la seguridad económica de las familias a las que representamos”, dijo. Por lo que expresó que con esta iniciativa, “se pretende acercar a las familias, la protección jurídica necesaria para que cuando menos una parte de su patrimonio económico se encuentre fuera de riesgo alguno”. Afirmó que como bien se sabe, en el sistema jurídico se cuenta con una protección del patrimonio familiar, “es un derecho fundamental contenido en los artículos 27 y 123 de nuestra Constitución Federal, y una institución formalmente estructurada dentro del Código Civil. Esta institución tiene como finalidad la de la protección de un patrimonio mínimo de la familia, para poder garantizar su subsistencia económica y, de esta manera, garantizar la estabilidad de la misma”. Dijo que actualmente esta institución se constituye solo mediante la vía judicial, ya sea voluntaria o forzosamente; por lo que, con esta aprobación, se busca que se pueda acercar ese trámite más a la ciudadanía, “por ello propusimos que también los notarios públicos pudiesen llevar a cabo este trámite y así de esta manera se pudiese constituir con mayor prontitud y facilidad el patrimonio de familia”. Añadió que lo que sigue es garantizar que ese trámite tenga un costo mínimo, “lo cual garantizaremos modificando la actual Ley del Arancel de Servicios Notariales; y posterior a eso exhortar al ciudadano gobernador a que realice campañas de difusión y de promoción de la constitución del patrimonio familiar; que al igual que el testamento exista un mes de esta institución”.

El diputado Antonio Rangel se sumó a esta iniciativa y dijo que su voto es a favor de la misma. Afirmó que existe un compromiso por parte de esta Legislatura con el gremio de los notarios, para compartir este tipo de propuestas. Dijo que existen muchas otras que están en el tintero y que seguirán trabajando en ellas, sobre todo con el enfoque de bajar la carga de trabajo de los tribunales y repartir ese tipo de funciones entre otros actores de la sociedad, como los Colegios de Abogados y de Notarios.

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