Al reanudarse la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en la que, después de realizar un análisis de las Iniciativas de la Ley de la Defensoría Penal Pública; de la Ley de Sistema Estatal de Seguridad; de la Ley de Fiscalía General del Estado; y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, relativas a la Reforma Constitucional, respecto al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado y con el fin armonizarlas , se recibieron las observaciones realizadas por las distintas fuerzas políticas representadas en la LVIII Legislatura, se analizaron y en su mayoría fueron tomadas en cuenta para ser incluidas en dichos proyectos de Ley.

En cuanto a la Iniciativa de Ley del Instituto de la Defensoría Penal Pública del Estado, el diputado Luis Antonio Rangel Méndez, Presidente de la comisión legislativa, explicó que el objetivo es organizarla para que adquiera autonomía técnica y de gestión, misma que estará a cargo la Secretaría de Gobierno, asimismo, indicó que se tomaron en cuenta algunas observaciones para aterrizar un poco más el funcionamiento de este instituto; se eliminaron referencias establecidas a la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en virtud de que dicho ordenamiento fue aprobado por la cámara de senadores, pero aún no ha sido publicado en el periódico oficial de la federación, se eliminaron también referencias establecidas a la Ley de Ejecución Penal por encontrarse en la misma tesitura que la anterior. Se eliminó un artículo por existir una duplicidad en su contenido. Por otra parte, se especifica que será un representante de tres Facultades de Derecho en el estado quienes integrarán la Comisión Evaluadora de Capacidades Técnicas y será un representante de tres Colegios o Asociaciones quienes integren la misma comisión. Se modificó la denominación de diversos títulos y capítulos para que exista congruencia en la redacción. Este dictamen fue aprobado con 4 votos a favor y una abstención.

Por otra parte, se aprobó por unanimidad, la Iniciativa de Ley de Seguridad para el Estado, al respecto, el diputado Luis Antonio Rangel explicó que su objetivo es cumplir con las disposiciones de la Constitución Política federal, sus leyes reglamentarias, la Constitución local, las leyes locales que en materia de seguridad corresponden asimismo a regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad; informó que se realizaron diversos cambios entre la iniciativa y el dictamen, como la modificación de diversos títulos y capítulos para que exista congruencia con la redacción del ordenamiento, se homologaron diversas referencias para que estuvieran en concordancia con los términos señalados en el glosario, se adicionó la referencia a que será la Ley de Protección a Víctimas, Ofendidos y Personas que Intervienen en el procedimiento penal del estado, en concordancia con la Ley General de Víctimas, la que señalará las facultades de la comisión ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Se homologa un ordenamiento que establece que el Gobernador del Estado asumirá el mando en los casos en los que juzgue como fuerza mayor o alteración grave del orden público. Se abroga en un artículo transitorio la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana.

El presidente de la comisión legislativa, informó que el objetivo de la Iniciativa de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, es regular la organización, funcionamiento y atribuciones de este Poder, a quien corresponde interpretar y aplicar las leyes en asuntos jurisdiccionales del orden civil, penal, familiar, justicia para adolescentes, ejecución de sanciones penales y constitucional del fuero común y en materia federal cuando las leyes conducentes así lo faculten. Asimismo, se realizaron diversos cambios y modificaciones entre la iniciativa y el dictamen, se especificó que el presidente de cada sala podrá ser reelecto por el periodo inmediato siguiente, se señala la abrogación de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado vigente. Esta iniciativa fue aprobada por los cinco votos de los integrantes de la comisión.

Asimismo, se aprobó por unanimidad la Iniciativa de Ley de la Fiscalía del Estado, que tiene como objeto organizar a la Fiscalía General del Estado para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público atribuye la Constitución Política federal y local, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y las demás normas aplicables. Se modificó la parte en que se establecía que el Consejo de la Fiscalía tenía como facultad aprobar el Proyecto de Ingresos y Egresos que se remitirá anualmente a la Legislatura, cuando lo adecuado es que dicha remisión se haga a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo, en el mismo tenor se modifican las funciones del fiscal general, entre las que se encontraba la de elaborar y presentar a la Secretaría de Planeación y Finanzas el proyecto de Ingresos y Egresos de la Fiscalía y no ante la Legislatura del Estado.

Por su parte, el diputado Carlos Lázaro Sánchez, integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, agradeció a los integrantes de la comisión que se analizaran todas las observaciones que se enviaron y que hayan tomado en cuenta a la mayoría de estas, pero considera que algunas de las que no fueron incluidas, vale la pena revisarse, por lo que considera pertinente volverlas a estudiar, por lo que propondrá algunas de ellas como reserva, en la próxima Sesión de Pleno.

Del mismo modo, el diputado Jesús Llamas Contreras manifestó que en términos generales no tiene observaciones trascendentes, pero que el Grupo Legislativo del PRI, del cual forma parte, presentará algunas reservas en la Sesión de Pleno en la que se presenten estos proyectos de Ley.

En asuntos generales, el diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia solicitó a la comisión haga exhorto a la Mesa Directiva para que los asuntos que ya han sido aprobados, se presenten de manera inmediata en la próxima Sesión de Pleno, y en el caso de las iniciativas que han sido turnadas a esta comisión, de inmediato también se calendaricen para ser analizados, principalmente en materia de derechos humanos.

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