Comisión de Administración y Procuración de Justicia se reunió con la Barra Queretana Colegio de Abogados Los diputados Luis Antonio Rangel Méndez, Verónica Hernández Flores, Carlos Lázaro Sánchez Tapia, Roberto Carlos Cabrera Valencia y Jesús Llamas Contreras, integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la LVIII Legislatura, se reunieron con miembros de la Barra Queretana Colegio de Abogados A. C., que preside Eduardo García Segura y demás personalidades. El diputado Luis Antonio Rangel Méndez, presidente de la comisión legislativa expresó que esta mesa de trabajo tiene el propósito de escuchar diferentes ponencias, mismas que serán ingresadas por escrito a esta comisión para que de manera formal puedan ser analizadas y en su momento dictaminadas, dijo que se ha venido trabajando con la sociedad organizada, conscientes de que es donde se encuentra un mayor conocimiento y especialización para allegarse de propuestas inteligentes que den viabilidad a las diferentes problemáticas que se plantean en el estado, por lo que se mantendrá una relación estrecha con esta asociación, a fin de que también se incorporen a las sesiones de esta comisión de manera periódica. Para iniciar este paquete de ponencias Adolfo Franco Guevara ocupó la tribuna para proponer la incorporación al Código de Procedimientos Civiles del Estado, una reglamentación clara y expresa para el cumplimiento, por parte de los juzgadores del deber de control de constitucionalidad, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución federal modificaron paradigmas referentes a los derechos humanos en el país, lo cual conllevó a una intensa labor de interpretación. Dijo que a partir de esto, se había presentado una situación de jurisprudencias y acciones de amparo, otorgando la no aplicación de las leyes locales sobre la materia, contrarias a la Constitución y a derechos internacionales, debido a que estas disposiciones locales son opuestas a esos ordenamiento jurídico. Por lo que esta reforma yace en que, en el Código de Procedimientos Civiles, supletorio de múltiples procedimientos procesales, se dote de reglas claras para que cualquier persona cumpla con los nuevos deberes. Por su parte, el abogado Rodolfo Juárez Medina, mencionó que su propuesta radica en la necesidad de establecer en el Código Civil la obligatoriedad de inscribir los mandatos o poderes de dominio de inmuebles, en el Registro Público de la Propiedad, ya que se han incrementado de manera alarmante las operaciones fraudulentas de venta de bienes inmuebles a través de poderes falsos, ya que no se tiene la debida publicidad del acto, a grado tal que la persona que aparece como titular de un polígono, ni siquiera tiene conocimiento de la extensión de ese poder. Dijo que si bien existe el Registro Nacional de Aviso del Poder Notarial, no tienen la posibilidad de acceder a la información, por lo que consideró indispensable establecer que todos los poderes de dominio se inscriban en el Registro Público de la Propiedad y una vez inscritos, se debe visitar el lugar para realizar una notificación y los actos que no se registren no serán validados. El Maestro Eugenio Castellanos Malo en su participación, manifestó necesario no perder el sentido de las instituciones jurídicas, específicamente hablo del matrimonio, como concepto jurídico fundamental en el que interviene toda relación jurídica conforme a derecho. El matrimonio es un concepto jurídico fundamental porque sus elementos constitutivos son los que conforman el todo de un derecho posible, por sus elementos invariables aunque no sean exclusivos del derecho; por lo que solicitó no perder el sentido o significancia de este concepto jurídico fundamental, y solicitó diferencien de otras situaciones, como el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo, ya que dijo, el jurista debe distinguir la diferencia de conceptos, por lo que se debe buscar la seguridad jurídica y la paz social, debiendo buscar que las relaciones entre sus miembros discurran sin violencia, dentro de un marco de respeto. El asunto está en asumir el Registro Civil de estas uniones estableciendo el reconocimiento oficial de las uniones civiles que se presenten en el estado al respecto de personas del mismo sexo para establecer derechos y obligaciones de solidaridad humana como un mecanismo para aquellas personas que por el libre ejercicio de sus opciones y no confundirla con la institución jurídica fundamental del matrimonio. Sergio Zepeda Guerra solicitó una reforma integral del Código Civil; por su parte el presidente de la Barra Queretana de Abogados, Eduardo García Segura propuso, en aras de evitar que personas que no cuentan con cedula profesional pretendan ejercer como profesionales en derecho, ostenten poderes para cobranzas, por lo que propone que, en los poderes generales para pleitos y cobranzas, solo podrá otorgarse a las personas que presenten su cédula profesional vigente que los acredite como abogados o licenciados en derecho y si no tienen ese carácter, el cliente deberá encontrarse asesorado por profesionales del derecho y deberán de actuar conjuntamente con el apoderado en todos los trámites judiciales. La propuesta del abogado Alfonso Jiménez Campos, tiene que ver con reformas al Código de Procedimientos Civiles en cuanto al tiempo de las pruebas confesionales, con el objetivo de no retrasar el procedimiento; además de que la no comparecencia de un inculpado sea justificada por un juez y sólo exhibiendo comprobantes legales por las cuales solicita la no comparecencia. El maestro Ernesto Becerril solicitó a los legisladores un sistema efectivo y eficaz de administración y procuración de justicia, factor clave a tomar en consideración por parte de los empresarios cuando deciden invertir, pues existe una mayor preocupación con respecto a la transparencia y al manejo jurídico, con el fin de que se pueda a llevar a cabo el desarrollo de los negocios de manera transparente, por lo que es necesario trabajar en materia de anticorrupción en el estado; por otra parte solicitó reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los colegios y asociaciones de profesionistas del derecho sean considerados como auxiliares en la administración de justicia. Ricardo Díaz Pérez, hablo sobre la Asociación de Actuarios, la cual, indicó, ocupaba uno de los primeros lugares a nivel nacional, pero hoy en día los plazos para la asignación de citas van de 3 a 5 semanas, por lo que se ha perdido el ritmo de trabajo, y este retraso se debe a la carga laboral en los juzgados, por lo que pide se conforme una comisión para buscar la mejor maneja de apoyar a esta institución. Finalmente, el Diputado Luis Antonio Rangel agradeció a los integrantes de esta Barra Queretana de Abogados su participación, dijo que todas las propuestas tienen mucho que aportar a la justicia en el estado, por lo que en un afán de ingresar estas iniciativas de ley, propone que se realice de manera integral; con el ánimo de respaldar las propuestas a fin de dictaminarlas; además de reiterar la invitación para que asistan a las sesiones de esta comisión legislativa y puedan tener voz para que tomen parte en la toma de decisiones. Por su parte, el diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia confió en la capacidad y dinámica de la sociedad queretana, por lo que invitó a los abogados presentes a conocer los trabajos que se hace en la cámara, coincidió en que se debe hacer un esfuerzo por actualizar las leyes y propuso se trace una ruta para que este año sus propuestas puedan ser dictaminadas.
