En el marco del proceso de armonización de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos que significó un nuevo paradigma en la tutela y protección de los Derechos Humanos, la diputada Isabel Aguilar Morales, presentó en la Oficialía de Partes de la Legislatura, la Iniciativa de Ley que adiciona el párrafo noveno del artículo 2 de Constitución Política del Estado de Querétaro, para incorporar el principio de respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario estatal.

Aguilar Morales señaló que con esta iniciativa se busca que la observación, respeto, tutela y defensa de los derechos humanos, debe ser el eje rector en la función penitenciaria desarrollada por el estado, y se debe velar por el respeto a la dignidad de quienes se encuentran privados de su libertad.

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública, indicó que resulta fundamental reconocer este principio, ya que de acuerdo con las cifras del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, de Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación, existen 390 centros penitenciarios en el país. A enero de 2015, estos centros contaban con una población de 257,017 internos, cifra que representa un índice de sobrepoblación del 26.42%, esto es 53,718 personas sobre la capacidad instalada.

Tal situación se vincula y agrava otros aspectos negativos al interior de los establecimientos penitenciarios del país, como son: la inadecuada atención médica y alimentación; insuficiente personal técnico y de seguridad y custodia; falta de capacidad para brindar al total de la población oportunidades de trabajo y capacitación, así como falta de espacios para actividades deportivas. Esta situación, dijo, dificulta que existan condiciones de vida digna y de seguridad para la población penitenciaria, poniendo en riesgo el respeto de los derechos humanos.

En el caso de las mujeres recluidas y de los internos con discapacidad psicosocial, quienes representan respectivamente el 5.43% y 1.77% del total de la población penitenciaria del país, se observa mayor vulnerabilidad, ya que sus necesidades, en razón de género, no tiene la atención debida y las condiciones de salud no son adecuadas.

De igual forma, la legisladora señaló que de acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 2015, los Centros de Reinserción Social de Querétaro, registraron la calificación más baja en los últimos nueve años. Dicho estudio refiere que en 2015, la entidad obtuvo una calificación de 7.12 puntos, siendo el registro más bajo en los últimos nueve años, dado que le antecede el reporte de 2006 cuando sumó la segunda calificación más baja, de 6.39.

Mientras que en los últimos diez años, la calificación más alta se obtuvo en 2010 con un puntaje de 8.56. En tanto que el registro de 2015 ubica al estado en el sitio siete entre las 32 entidades federativas. La calificación de 7.12 expone una reducción de 0.22 puntos en relación con los 7.34 que registró en 2014. En el caso de la entidad se analizaron tres centros, el Centro de Reinserción Social de San José El Alto, que registró la calificación más baja, de 6.83 puntos. Consecutivamente el Cereso de San Juan del Río, con 7.01; y el Cereso femenil de San José El Alto, de 7.53.

Finalmente, la diputada Isabel Aguilar Morales, señaló que en razón de que la norma jurídica es un ente en permanente cambio y adaptación a la realidad de las sociedades y los individuos, es necesario que la Constitución Política del Estado de Querétaro, adopte el principio de respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario estatal, que permitan una adecuada armonía entre la Constitución General de la República, con la Constitución Política del Estado.

* Información enviada de la oficina de la Dip. Isabel Aguilar Morales

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