Con el objetivo de que las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia se capaciten en materia de violencia de género, la diputada Isabel Aguilar Morales, presentó Iniciativa de Ley para reformar la fracción VIII del artículo 26, de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública recordó que la Asamblea General de las Naciones Unidas, estableció que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de ellos; por tal motivo, considera que los estados deben aplicar por todos los medios, una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer; argumentó que en esa línea de protección y tutela de las mujeres contra todo acto de violencia.

Dio a conocer que la Organización Mundial de la Salud (OMS), arrojó en cifras recientes que una de cada tres mujeres han sufrido violencia física y/ o sexual de pareja o por terceros en alguno momento de su vida a nivel mundial. En México, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) señala que, en el 2011, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declararon haber experimentado al menos un acto de violencia, ya sea emocional, física, sexual, económica, patrimonial y discriminación laboral, siendo las mujeres de 30 a 39 años las más expuestas a la violencia de cualquier agresor.

Aunado a ello, destaca que las desigualdades por razones de género y la violencia contra las mujeres han desencadenado en las mujeres enfermedades de salud mental y física como la hipertensión, diabetes, asma y obesidad al padecer de estrés crónico, trastornos sexuales, depresiones, fobias y ataques de ansiedad. Por otra parte, ONUMUJERES señala como costos y consecuencias, a nivel individual y comunitario, de la violencia contra las mujeres: las lesiones inmediatas como fracturas y hemorragias; problemas sexuales y reproductivos como enfermedades.

Aguilar Morales destacó que en ese contexto, en nuestro país, la violencia contra las mujeres también ha llegado a ser considerada como uno de los flagelos más graves que afectan a la sociedad y que representa una constante violación a sus derechos humanos; y la reforma constitucional en la materia, en 2011, constituyó un nuevo paradigma en la protección, tutela y defensa de las libertades fundamentales.

Asimismo, indicó que las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de Pro Persona, en donde el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Por ello, la legisladora refirió que, si bien hoy en día la ley prevé el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el cual debe contener acciones como: educar y capacitar en materia de derechos humanos al personal encargado de la procuración de justicia, así como de capacitar en materia de derechos humanos de las mujeres para que juzguen con perspectiva de género, lo cierto es que las mujeres que sufren agresiones sexuales en el transporte o en la vía pública son motivadas, incluso por las autoridades para otorgar el perdón al agresor, de tal forma que la denuncia ni siquiera llega a formar parte de las estadísticas.

Por ello, la diputada Isabel Aguilar Morales propone reformar la fracción VIII del Artículo 26 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de establecer que el citado Programa, además de realizar acciones para educar y capacitar en materia de derechos humanos, lo haga también en materia de violencia de género.

· Información enviada de la oficina de la diputada Isabel Aguilar Morales

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