La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública, diputada Isabel Aguilar Morales, presentó a la Oficialía de Partes de la LVIII Legislatura, la Iniciativa de ley que reforma y adiciona la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado.

Toda vez que el pasado 15 de junio, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), llevada a cabo en Washington, D. C., aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

La legisladora informó que en esta convención se estableció que la persona mayor tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, además de que incluye el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia; pues la persona, a medida que envejece debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa de las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades; por lo que se deben abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos que reconoce las valiosas contribuciones actuales y potenciales de la personas al bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al desarrollo humano, social y económico y a la erradicación de la pobreza.

Informó que en dicha convención se establecen los deberes que deben adoptar los estados a favor de los adultos mayores, destacando: medidas para prevenir, sancionar y erradicar prácticas tales como aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que constituyen malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor; adoptar y fortalecer todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presuntuarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos y promover instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral.

Por lo que, la presidenta de la comisión legislativa, diputada Isabel Morales dijo que para la debida observancia y cumplimiento tanto de la Ley nacional y local para la protección de los derechos de las personas adultas mayores y atendiendo las diversas disposiciones señaladas en la convención y las recomendaciones de los organismos internacionales que conforman tanto el sistema universal como el regional de derechos humanos, resulta apremiante y necesario contar con un Instituto especializado en la gestión y atención de los temas y asuntos de las personas adultas mayores, que tenga como objetivo impulsar y promover el reconocimiento y ejercicio pleno de su derechos; orientar, asesorar y asistir gratuitamente en materia legal cualquier asunto en que la personas adulta mayor tenga un interés jurídico directo, en especial aquellos que se refieren a la seguridad de su patrimonio, en materia de alimentos y sucesorio; procurar la defensa y representación de los derechos consignados a favor de las personas adultas mayores en su persona, bienes y derechos ante cualquier autoridad competente, promoviendo todos los medios legales que conforme a derecho procedan.

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