El diputado Mauricio Ortiz Proal, coordinador del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LVIII Legislatura del Estado, ingresó ante Oficialía de Partes la Iniciativa de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado y a la Secretaría de Educación del Estado a proponer y ejecutar en los planes de estudio el fomento de la cultura de la legalidad; así como la Iniciativa de Ley que reforma y adiciona la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Querétaro.

Respecto al exhorto al Poder Ejecutivo del Estado y a la Secretaría de Educación en materia de fomento de la cultura de la legalidad, se resalta en la exposición de motivos, que la Constitución Política del Estado de Querétaro establece en su artículo 4 que el Sistema Educativo Estatal estará orientado a fomentar la cultura de la legalidad, concepto que fue adicionado en el marco de las reformas al Sistema Estatal Anticorrupción como una de las medidas preventivas para desalentar conductas que afectan todos los ámbitos de la vida de las personas y las instituciones.

“La cultura de la legalidad requiere de la participación de gobierno y la sociedad, no es algo que se transforme repentinamente, requiere de fortalecer a las instituciones; de entender que solo mediante el respeto a las normas se logrará restablecer el orden social, pero el respeto debe ser de ambas partes, para que funcione y se vuelva parte de la vida cotidiana. Construir una verdadera cultura de la legalidad tiene como presupuesto esencial la transformación de muchos paradigmas de pensamiento a todos los niveles. Desde el ciudadano común que transgrede con frecuencia ordenamientos que podrían considerarse de poca importancia –como los reglamentos gubernativos o de tránsito– hasta el más alto funcionario que falta a su deber constitucional de hacer cumplir las leyes y reglamentos. En todos los casos, la trascendencia de esas acciones es de magnitudes inconmensurables. Se trata del conocimiento de la Ley, de los derechos que establece, pero también de las obligaciones; de las consecuencias y de los mecanismos para hacer que se cumplan, y que efectivamente se lleven a cabo para generar confianza en los destinatarios de la misma. Lo anterior requiere de estar informado de las leyes y demás normas que nos rigen y antes que esto saber qué es la Constitución, la ley, los reglamentos; cómo se elaboran, quiénes; para qué sirven, en qué nos benefician; para ello el propio Estado requiere establecer políticas públicas que lo permitan”.

De igual forma, destaca que los legisladores del PRI y Nueva Alianza están convencidos que la instauración de la cultura de la legalidad en nuestro sistema educativo traería consigo grandes beneficios para la convivencia escolar, familiar y comunitaria, razón por la cual presentan esta iniciativa para exhortar al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y a la Secretaría de Educación en el Estado a que en el ámbito de su competencia propongan en la integración de los planes de estudio el fomento de la cultura de la legalidad.

En cuanto a la Iniciativa de Ley que reforma y adiciona la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Querétaro, se establece en la exposición de motivos, que en un afán de contribuir a un mejor desarrollo infantil y formación en la adolescencia, se propone reformar esta ley, a efecto de encontrar en la actividad deportiva una de las formas de insertar a la sociedad a todos aquellos menores y adolescentes que por diversas circunstancias han cometido infracciones.
Para ello, se pretende incentivar más el desarrollo integral con el área deportiva que coadyuva a mejorar y desarrollar las potencialidades, habilidades y destrezas de los jóvenes, que en el ámbito de reinserción social, pueden visualizar un área de oportunidad para interactuar con personas de su mismo edad y sexo, incluso desde una perspectiva de género, que permita detonar su desempeño en diversas disciplinas, que contribuyan a su desarrollo psicomotor, salud, bienestar, áreas afectivas y psicológicas, además de detonar la posibilidad de descubrir en su caso, en el propio deporte de alto rendimiento o profesional, una forma de ingresos económicos y sentido de pertenencia a un círculo de amigos cuyos afectos y gustos son compartidos en igualdad de condiciones en una sana convivencia sistemática y competitiva.

“Se inserta de manera expresa y no implícita en la normatividad aplicable, el desempeño en la práctica de algún deporte en cualquiera de sus modalidades, para lograr que en el proceso judicial, la autoridad competente considere explícitamente la práctica de algún deporte por parte del menor y la asuma como una más de las medidas que puede imponer a los infractores, con lo cual se promueve y propicia la estructura de valores cívicos y morales que contribuyen a la formación de hábitos para el adecuado desarrollo de la personalidad en los adolescentes”.

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