En sesión de trabajo de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura del Estado, presidida por el diputado Luis Antonio Zapata Guerrero, e integrada también por las diputadas Karina Careaga Pineda, Martha Daniela Salgado Márquez y Laura Patricia Polo Herrera, el titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Querétaro, Benjamín Vargas Salazar, presentó su informe anual de actividades.

Luego de dar la bienvenida a los presentes, el diputado Luis Antonio Zapata Guerrero, enfatizó que la tarea que desarrolla esta Fiscalía, deviene del trabajo realizado en nuestro país hace algunos años y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno, competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos, con el objeto de conformar un Sistema Nacional que hiciera frente realmente a la corrupción; para lograrlo, dijo, fue necesario llevar a cabo reformas de gran calado, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en las particulares de las entidades federativas, así como la expedición de leyes secundarias encargadas de normar la acción coordinada de los tres niveles de gobierno.

“En ello, Querétaro no solo no fue la excepción, sino fue el primer estado del país en esta materia; derivado de la reforma al artículo 113 de la Constitución federal y con el afán de cumplimentar las obligaciones impuestas, se desahogaron los procesos legislativos pertinentes para lograr la reforma de diversos artículos de la Constitución Política del Estado, dando origen el 18 de abril del 2017 al Sistema Estatal Anticorrupción; aunado a lo anterior en la misma fecha se publica la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, dando paso a la creación de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, como un órgano con autonomía técnica y operativa, encargado de la investigación y persecución de los delitos previstos en las disposiciones legales aplicables en materia de corrupción, misma que estará a cargo de un Fiscal Especializado”, recordó el Presidente de la Mesa Directiva.

Durante su intervención, el Fiscal Benjamín Vargas Salazar, expresó que en congruencia con la transparencia y rendición de cuentas que debe imperar en el servicio público, acudió a presentar su informe de actividades; señaló que en este segundo año se consolida la función constitucional de investigar y perseguir los delitos en materia de combate a la corrupción, ejerciendo la autonomía en la gestión y operación que la ley les otorga; mencionó que la especialización en la investigación de los delitos es más exigida cada día, y que la naturaleza de estos hechos delictivos, requiere concentrar y alinear todos los recursos para reducir la impunidad.

Comentó que el trabajo que se ha desarrollado, genera la confianza de la sociedad y de las instituciones, por ello las denuncias, dijo, generaron 40 expedientes de investigación; añadió que los delitos que conoció la Fiscalía Anticorrupción por las denuncias presentadas son principalmente cohecho cometido por servidor público, desempeño irregular de las funciones públicas, peculado, delitos contra la administración de justicia, desempeño indebido del servicio público y negociaciones ilícitas, logrando una condena de cuatro años de prisión para cuatro personas.

El Fiscal aclaró que por cada sentencia, hay una inhabilitación para desempeñar un cargo público; además se logró la recuperación de 527 mil 498 pesos por daños; aunque actualmente se cuentan con litigios para recuperar más recursos económicos.

Informó también que un total de 97 personas, entre servidores públicos, ex servidores públicos y particulares fueron investigados; y que el resultado permitió a las y los fiscales adscritos, que se judicializaran 17 carpetas de investigación, lo que implicó que se vinculara a proceso a 19 personas, de las cuales 9 pertenecen a la administración pública estatal, 8 a la administración municipal y 2 más son particulares; logrando que se obtuviera el 90 por ciento de eficiencia en la solicitud de órdenes de aprehensión, ante la autoridad judicial. Asimismo, se dictaron 122 actos de investigación, que implicaron solicitar información a los tres órdenes de gobierno, destacando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Sistema de Administración Tributaria, Instituto Nacional de Migración, así como a particulares.

Cabe destacar que en este informe de actividades, también estuvieron presentes los diputados Leticia Rubio Montes, Verónica Hernández Flores, Tania Palacios Kuri, Ma. Concepción Herrera Martínez, Jorge Herrera Martínez, Paloma Arce Islas, Ricardo Caballero González y Mauricio Ruiz Olaes.

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