Saludo a los titulares y representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial que nos acompañan en esta sesión solemne; a los titulares de los organismos autónomos, instituciones educativas, así como a las y los demás funcionarios de la administración pública que asisten a este evento republicano de rendición de cuentas.

Este año legislativo que se informa, sin duda se ha caracterizado por el considerable trabajo presentado de quienes integramos este cuerpo colegiado. Como todos los años, se discutieron las diversas iniciativas que integran los ingresos y egresos del Estado y los municipios, se impulsaron paquetes de iniciativas en materia de administración y procuración de justicia, de combate a la corrupción, en materia electoral, y otras más que impactarán de manera positiva en los distintos sectores de la sociedad queretana.

En este periodo legislativo, la fracción de Morena, que me enorgullece representar, ha sido puntual y crítica en diversos temas que se han abordado en las comisiones y en el Pleno de este Poder soberano. Hemos señalado los efectos negativos de diversas iniciativas, como en materia de ingresos y egresos, donde hemos dicho reiteradamente que mientras no se apliquen esquemas de eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos públicos, no se puede exigir a la ciudadanía mayores gravámenes en sus obligaciones fiscales.

Hemos denunciado además, que es necesario que en los sectores de educación y salud, se garanticen presupuestos progresivos, que satisfagan los estándares mínimos en materia de derechos humanos y que estamos obligados a respetar y garantizar en términos de lo establecido en la Constitución Federal y los Tratados Internacionales; en ese sentido, hemos propuesto una iniciativa para que presupuestalmente se garantice esta progresividad en el sistema educativo estatal, así como en la asignación anual de recursos a la Universidad Autónoma de Querétaro, toda vez que en el presente ejercicio fiscal, las asignaciones aprobadas, son insuficientes para garantizar la universalidad de la educación de calidad gratuita para toda la población, lo que en términos reales, representa un fuerte retroceso en el sector educativo.

Tanto en la reforma constitucional que crea el Sistema Estatal Anticorrupción y posteriormente sus leyes secundarias, nuestro posicionamiento fue claro y contundente, las cifras que en este rubro resaltan diversas organizaciones tanto nacionales como internacionales, nos señalan que la corrupción es uno de los principales problemas que vive nuestro país y que aún con todas las medidas legislativas aprobadas en los últimos años, han sido insuficientes para revertir este flagelo, al estimarse que consume aproximadamente el 10% del PIB nacional, por lo que es evidente, que se trata de un asunto de voluntad política y que los gobiernos en turno se han negado a promover, ya que hasta antes de dichas reformas, ya se contaba con los mecanismos de fiscalización, persecución y sanción a quienes cometieran faltas en la materia; sin embargo, hay una red de complicidades desde los más altos niveles de la administración pública, que fomentan y protegen las prácticas de corrupción, ya que desde hace varias décadas se ha asociado al ejercicio de la administración pública como una forma de hacer grandes negocios a través de la adquisición de bienes y servicios y la ejecución de obras públicas y la asignación de onerosos sueldos y compensaciones, lo que impacta considerablemente de manera negativa en el presupuesto a rubros prioritarios como la educación, salud y a los programas sociales, entre otras actividades.

Es por ello que afirmamos que solo con un verdadero compromiso social y el uso honesto y eficiente de los recursos públicos, es posible abatir el fenómeno de la corrupción. Por lo cual presentamos una iniciativa de ley para regular los salarios de los servidores públicos de primer nivel, así como para disminuir el gasto público en áreas no prioritarias, pero desafortunadamente esta no fue considerada en la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción.

En los primeros días de este año, en casi todo el país, se llevaron a cabo múltiples actos de protesta en contra de la liberalización del precio de las gasolinas. Nuestra entidad no fue ajena a dichas manifestaciones, en ese sentido, desde diciembre del año pasado, la fracción legislativa de Morena en este Congreso local, señaló que el Legislativo federal obró indebidamente al aprobar la Ley de Ingresos de la Federación, tomando como principal fuente de recaudación, los impuestos derivados del consumo a las gasolinas, ya que en los hechos esta medida legislativa tendría un impacto directo en los bolsillos de los mexicanos.

También mencionamos que este impacto sería de grandes dimensiones, ya que, al aumentar el porcentaje de este impuesto, aunado a la liberación de las gasolinas, así como a la estimación de recaudación por dicho consumo, implicaría un aumento gradual y permanente en estos energéticos, tal como ocurrió desde los primeros días de este año, en los que se dieron incrementos hasta del 20% y que a la fecha han tenido incrementos progresivos. Ante este grave problema, promovimos una iniciativa de exhorto dirigido al Congreso de la Unión, con la finalidad de que se revirtieran dichas medidas presupuestales y que se revisara de manera integral la reforma energética impulsada en el seno de los acuerdos del llamado Pacto por México, ya que la entrega gradual de la industria petrolera nacional, seguirá impactando negativamente en la economía de los mexicanos en los próximos años.

Otro de los temas a destacar por parte la fracción legislativa de Morena, ha sido lo concerniente a los mecanismos de participación ciudadana, es por ello que fuimos la primera fuerza política que puso sobre la mesa el tema de la revocación de mandato, como una exigencia social para equilibrar la reforma constitucional de reelección. En este sentido, presentamos una iniciativa que crea la referida figura en la Ley de Participación Ciudadana, esperando que pese al rechazo que desde los municipios se hizo a la propuesta constitucional aprobada por este cuerpo colegiado, sea un tema que se agote hasta sus últimas consecuencias, ya que es necesario dotar de las mayores herramientas posibles a la ciudadanía para equilibrar los contrapesos del poder público.

En el pasado informe legislativo, señalamos que había demandas pendientes por atender, como la del sector magisterial, que exige la revisión de la reforma educativa y en la solicitud de dialogo de los profesores injustamente cesados del COBAQ y que acudieron a nuestra sede legislativa para pedirnos fungir como interlocutores de sus justas ante las autoridades educativas locales; lamentablemente este dialogo sigue pendiente, por lo que hago un llamado a este órgano legislativo para que se retomen estas peticiones y se encaucen dichas demandas por los canales institucionales y en apego a derecho.

En Morena reconocemos la trascendencia que implica aprobar o rechazar un dictamen de ley y en ese sentido hemos actuado con responsabilidad en el momento de ejercer nuestro voto, poniendo siempre por delante el interés de la sociedad, que es a quien representamos, es así que hemos presentado reformas a la ley en diversas materias, esperamos que a la brevedad puedan ser desahogadas de manera prioritaria aquellas que tienen como finalidad promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, como son las iniciativas presentadas en el tema de los matrimonios igualitarios, así como la iniciativa que propusimos en materia de derechos sexuales y reproductivos y que no se siga excusando y evadiendo con argumentaciones subjetivas, la obligación constitucional contenida en el artículo 1º, que obliga a todas las autoridades a salvaguardar y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de los mexicanos.

Es cuanto diputada presidenta.

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