Santiago de Querétaro, Qro., a 15 de junio de 2018.- Los diputados Yolanda Josefina Rodríguez Otero y Carlos Manuel Vega de la Isla, integrantes de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Cambio Climático de la LVIII Legislatura, aprobaron la Iniciativa de Ley de Agua del Estado de Querétaro.

Esta Ley tiene como objetivo establecer las bases de la planeación y programación del recurso para señalar las reglas para administrar las aguas de jurisdicción estatal; definir bases claras y objetivas para la prestación de los servicios; delimitar las competencias del estado, los municipios y sus organismos descentralizados; determinar las reglas de recuperación del costo de los servicios y las obras hidráulicas; así como promover y fijar las bases de participación de los sectores social y privado.

Con la presente iniciativa se crea la Autoridad del Agua del Estado, con base en el respeto a las atribuciones y facultades inherentes al Poder Ejecutivo Federal y a la administración pública federal en materia de agua, acorde con las aspiraciones y necesidades de descentralizar el funcionamiento de las tareas gubernamentales y de fortalecer los órdenes de gobierno estatales y municipales bajo los principios de subsidiariedad y complementariedad. Dicha autoridad del agua dependerá directamente del Titular del Poder Ejecutivo Estatal, cuyos objetivos, integración, organización, estructura, funcionamiento y atribuciones se establecen y regulan por medio de las disposiciones de la presente ley y su reglamento, además de que se complementan con el marco jurídico estatal vigente.

De igual manera se crea el Consejo del Agua del Estado y el Consejo Técnico Estatal del Agua, como órganos colegiados, que tendrán por objeto emitir a la autoridad del agua del estado, opinión política, social, económica y ambiental en materia hídrica, así como de expresar criterios de evaluación del funcionamiento del sector agua; estos consejos no tendrán estructura orgánica, ni administrativa y su existencia será exclusivamente cuando sesione.

En la presente iniciativa, se excluye la regulación de la privatización, por consiguiente, el otorgamiento de derechos a través de las llamadas concesiones emitidas por la autoridad estatal respecto al servicio de agua, se harán con base en lo que establece la Ley de Aguas Nacionales.

Por su parte, la presidenta de la comisión legislativa, diputada Yolanda Rodríguez, dijo que esta iniciativa de ley representa el mayor reto de la política pública, y en el que se involucra a todos los sectores y a la sociedad civil, por ello, expresó que resulta imprescindible contar con un marco legal que cumpla con las condiciones ambientales, sociales y demográficas del estado, que garantice el derecho humano del agua, el aprovechamiento sostenible, la conservación, el uso eficiente y el incremento de los recursos hídricos.

Por su parte, el diputado Carlos Vega, dijo que esta ley busca regular la participación de las administraciones públicas, los sectores privados y sociales en la planeación, gestión, administración, explotación, uso, aprovechamiento, preservación, recarga y reúso del agua en función de las cuencas hidrográficas o acuíferos de origen. Celebró la inclusión en esta ley de la coordinación entre las autoridades estatales, municipales y la sociedad organizada, para el establecimiento de medidas para el ahorro y la eficiencia en el consumo, la inclusión y creación de los consejos de autoridad para su revisión y supervisión, la cultura del agua y la participación de todos en el cuidado del agua.

Finalmente, la diputada Yolanda Rodríguez, agradeció a los autores de esta iniciativa de ley y a todos los participantes en las 32 mesas de trabajo que se llevaron a cabo para el análisis de la misma, como la CEA, Conagua, JAPAM, Sedea, Sedesu, Observatorio Ciudadano de Protección Ambiental, al Colegio de Ingenieros Civiles, a la UAQ, al Centro Queretano de Recursos Naturales, Concyteq, al Consejo Técnico de Aguas del Acuífero de San Juan del Río, al Consejo de Concertación Ciudadana para el Mejoramiento Ambiental, ambientalistas, asociaciones civiles y sociedad civil organizada, por sus aportaciones. Dijo que con este dictamen se salda una deuda de 28 años que se tiene con el estado y con el medio ambiente.

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