La diputada Yolanda Rodríguez Otero, Coordinadora de la Fracción Legislativa del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso local, al presentar en oficialía de Partes de la Legislatura local una Iniciativa de Ley que reforma diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de Querétaro, con el objetivo de fijar las tarifas máximas que cobren las instituciones particulares, señaló que es necesaria esta regulación, a fin de evitar prácticas de abuso hacia los padres de familia.

Explicó que lo que se busca con esta iniciativa es que la autoridad educativa desarrolle tabuladores y clasifique a las escuelas en cuanto a los servicios que presta para que, con base en ello, se fijen las tarifas máximas que se pueden cobrar. Del mismo modo dijo que se busca evitar los abusos por parte de las escuelas, ya que con este mecanismo se garantiza que no suceda.

Previo a su análisis en la comisión correspondiente, la legisladora realizó un llamado a los actores involucrados, para llevar a cabo un consenso y foros de consulta, contando con la presencia de la autoridad educativa en el estado, las instituciones que prestan servicios de educación privada y los padres de familia por parte de asociaciones de diferentes escuelas.

Dijo que la iniciativa consiste en modificar dos artículos y agregar uno a la Ley de Educación del Estado de Querétaro.

Explicó que en la propuesta se modifica el artículo referente a las atribuciones de la Secretaria de Educación, en el cual se agrega que será la encargada de elaborar los catálogos y los tabuladores de tarifas máximas, con base a estudios técnicos y la información que ellos tengan sobre las escuelas.

Asimismo detalló que se agrega un artículo en el cual se explica la base total de la presente iniciativa y el procedimiento para determinar las tarifas máximas; de igual forma se adiciona un apartado en la sección de las infracciones, en el que se establece que cobrar tarifas que estén fuera de los tabuladores, será motivo de una sanción y que la autoridad será la encargada de emitir dicha sanción.

Yolanda Rodríguez Otero expresó que la impartición de educación en instituciones privadas implica la suscripción de contratos, en los que colegios y usuarios, como las partes, acuerdan una matrícula renovable en cada periodo para la prestación de los servicios educativos, al cumplir una función social y política de primer orden.

Por último enfatizó “su actividad rebasa la esfera estrictamente privada y se proyecta sobre los intereses más sensibles de la población, esta realidad obliga al Estado, por medio de las autoridades educativas, a establecer un efectivo y equilibrado mecanismo que permita verificar que la prestación de servicios educativos privados, se impartan conforme a los principios rectores que marca la Constitución, a través de una regulación que fije parámetros máximos en cuanto a las tarifas que las instituciones de educación privada imponen a los usuarios por concepto de inscripción o colegiaturas”.