Con relación a la Iniciativa de reforma y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que hoy fue aprobada por el Pleno de la LVIII Legislatura del Estado, la diputada Isabel Aguilar Morales, al hacer uso de la voz, expresó que estas modificaciones tienen como objetivo ajustar dicha norma a los principios rectores que a nivel constitucional rigen la materia y consolidar aún más el derecho fundamental a la información, mediante plenas garantías por parte del estado para su acceso y contar con un órgano autónomo que tutele dicho derecho.

Detalló que “la reforma contempla tanto la integración de la Comisión Estatal de Información Gubernamental; la convocatoria para su conformación; las facultades de los titulares de las unidades de transparencia; la información que obligatoriamente debe publicarse y cuál debe considerarse confidencial; así como  los principios de la transparencia proactiva y la elaboración de una plataforma electrónica homologada que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la ley respectiva”.

La legisladora afirmó también que con esta reforma se atienden las observaciones del  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que tenían como fin adecuar mayormente la ley estatal con lo indicado en la Constitución General de la República y con ello, homologarla con la ley nacional, cuyo objeto común es tener gobiernos abiertos y transparentes.

Dijo que esta reforma sustenta las bases para que tanto el gobierno estatal como los municipales, actúen de manera clara y sin opacidad  en sus actos de gobierno frente al cuerpo social, que tiene el derecho de exigir toda la información disponible para una verdadera rendición de cuentas.

Isabel Aguilar Morales afirmó que el Estado Constitucional requiere componentes que permitan tener una democracia participativa, tanto en el ámbito electoral, como en la observancia y control de la actividad gubernamental, así como del gasto público; dijo que “uno de esos componentes es la transparencia y el acceso a la información pública, mismos que desde un aspecto formal, deben transitar a una realidad cotidiana, que permita a los ciudadanos hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos fundamentales  y ser indicativo de una sociedad democrática abierta”.