Al reanudarse la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en la LVIII Legislatura, iniciada ayer; y contando con la presencia del subsecretario de Gobierno, Víctor de Jesús Hernández; su presidente, el diputado Luis Antonio Rangel Méndez, informó del análisis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, enviada por el Poder Ejecutivo, respecto del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado.

El subsecretario de Gobierno explicó que recientemente se aprobó la reforma la integración del Consejo de la Judicatura para dotar de transparencia al mismo; recordó que anteriormente se tenían un Tribunal que se encargaba de analizar cuestiones administrativas, ahora se dota de competencia al Consejo de la Judicatura para que haga estas funciones, de tal forma que, de manera concreta se tiene un pleno y a su vez un Consejo de la Judicatura que revisará los temas administrativos inherentes al Poder Judicial.

Dijo que en esta iniciativa lo que se está proponiendo es la regulación de la integración del Consejo de la Judicatura, así como las funciones que habrá de desempeñar; actualizar las funciones y competencias que habrá de ejecutar para que exista transparencia en las decisiones y determinaciones administrativas, partiendo de la base de los parámetros que fueron definidos en la reforma Constitucional.

Víctor de Jesús Hernández informó que en estas reformas se crea la jurisprudencia emitida por parte del Tribunal Superior de Justicia, con la finalidad de brindar mayor seguridad jurídica a los gobernados y a todos aquellos abogados que intervienen en los procesos, ya que el pleno del tribunal será el encargado de definirán criterios o contradicciones que pudieran ser inconsistentes entre las salas que integran el tribunal, con el fin de que exista la publicidad del criterio que debe prevalecer.

Manifestó que los aspectos más relevantes en esta reforma, se realiza la actualización de la competencia del Tribunal Superior de Justicia donde se separan las cuestiones administrativas que será función del Consejo de la Judicatura, así como que los temas del funcionamiento de las Salas y del Pleno corresponderán al propio pleno.

Asimismo, se actualizan las facultades y obligaciones del presidente del Poder Judicial, y lo referente a los magistrados, así como los requisitos para serlo, lo cual ya está contemplado en las constituciones; así como la duración del periodo que podrán durar el cargo, los cuales son 12 años, no son prorrogables, ni sujetos de reelección.

Finalmente, dijo que esta reforma dota la atribución de hacer públicos los criterios que emita el TSJ para que sea de conocimiento de los ciudadanos y sepan la interpretación legal que ha considerado como aplicable el tribunal especializado en la materia.

El diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia, integrante de la comisión legislativa, expresó su desacuerdo en la conformación del Consejo de la Judicatura, pues hay representación de otros poderes diferentes al del Poder Judicial; lo mismo que pasaría con la Fiscalía General, no se estaría respetando su autonomía por el hecho de que asistan consejeros de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, por lo que anunció que presentará reservas sobre este tema.

Por su parte, el diputado Luis Antonio Rangel señaló que se está ante un cambio de paradigmas, pues los congresos están creando organismos constitucionalmente autónomos como la CEIG, la DDHQ, el IEEQ, algunos tribunales administrativos y ahora la Fiscalía, por lo que se está modificando la teoría clásica de los tres poderes; consideró que la participación de los tres poderes, abona a la transparencia y eficacia de las decisiones que se tomen.

Finalmente, dijo que valorarán todas las participaciones que se han dado en esta comisión y aún queda abierta la mesa de diálogo para que acerquen sus observaciones sobre las cuatro iniciativas, y declaró un receso para el próximo lunes, 23 de mayo, a las 13:00 horas, a fin de continuar con los trabajos de análisis.

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