En sesión de pleno de los diputados integrantes de la LVIII Legislatura, se aprobó con 24 votos a favor, el Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma el artículo 182 fracciones I Y III del Código Civil del Estado, presentado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. La reforma tiene como objetivo primordial armonizar la legislación civil con el divorcio sin causa, que si bien ha venido a reducir plazos y tiempos en el proceso, también obliga a los legisladores a conocer las figuras que se encontraban ligadas a las causales de un divorcio necesario, el principal objetivo de que subsista la suspensión de la sociedad conyugal es que los bienes adquiridos durante el matrimonio sean resguardados y que los bienes que se adquieran durante el procedimiento o declarada la suspensión ya no sean integrados en la masa de bienes, la suspensión de la sociedad conyugal, deberá prevalecer en legislación civil, ya que esta da la pauta para salvaguardar los bienes ya adquiridos en el matrimonio e incluso como una medida precautoria para que la masa de bienes no se vea reducida y se declare su subsistencia del derecho de partición en fracciones iguales.

Por lo que, la suspensión de la sociedad conyugal, además procederá por el abandono del domicilio conyugal de uno de los cónyuges por más de seis meses sin causa justificada; haciendo cesar para este, los efectos de la sociedad conyugal desde el día del abandono; en el caso de ausencia declarada judicialmente o de incapacidad sobrevenida, sólo podrá comprometerse el fondo social mediante autorización judicial; cuando la separación de los cónyuges sea por más de dos años, independientemente de la causa, los derechos de la sociedad conyugal se suspenderán a partir de la separación de los cónyuges y respecto de los bienes que se adquieran con posterioridad a la misma; y por el incumplimiento injustificado de las obligaciones alimentarias entre los cónyuges, en este supuesto la suspensión procede a partir de que dejaron de proporcionarse.

Por su parte, los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda presentaron el Dictamen de la Solicitud de desincorporación de la fracción con una superficie de 8 mil 503.070 m2 del predio “El Potrero”, propiedad del municipio de Pinal de Amoles, Qro., para ser donado al Instituto Tecnológico de Querétaro, por lo que esta Legislatura autoriza enajenar a título gratuito, a favor del Gobierno Federal con destino a la Secretaría de Educación Pública, la Fracción 4, cuya clave catastral es 020100148130674. Este inmueble deberá ser destinado para la construcción y establecimiento de una Unidad Presencial a distancia en el Municipio de Pinal de Amoles, Qro., en la que se atenderán las necesidades de desarrollo educativo aplicado en problemáticas de interés de la región, y ofrecerá una alternativa de desarrollo de alto nivel en materia de ingeniería para fortalecer las soluciones innovadoras en el sector, que permitan continuar con el desarrollo económico del estado y la región, basado en el aporte clave de la ciencia, tecnología e innovación; de no ser así, la propiedad del mismo se dará efecto retroactivo, con todas sus mejoras y accesorios. El inmueble objeto de la enajenación que se autoriza, quedará sujeto a los usos, destinos, reservas y sugerencias que establezcan los Programas de Desarrollo Urbano federales, estatales y municipales. Efectuada la enajenación autorizada, el encargado del inventario de los bienes del Municipio de Pinal de Amoles, Qro., procederá a realizar la cancelación en el inventario del inmueble descrito en el presente Decreto, el cual fue aprobado por el pleno con 24 votos a favor.

En otro punto del orden del día se llevó a cabo la Elección de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, el secretario de la Mesa Directiva, diputado Juan Luis Iñiguez Hernández, dio lectura al acuerdo emitido por la misma, considerando que, de acuerdo con el Decreto por el que se reformó la Constitución federal en materia del combate a la corrupción, publicado en mayo de 2015; el Poder Constituyente local reformó la propia, a fin de construir el andamiaje necesario para la existencia de un Sistema Estatal Anticorrupción como instancia de coordinación entre las autoridades estatales competentes para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos, el 21 de diciembre de 2016.

Entre las reformas realizadas, se transformó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo en un Tribunal de Justicia Administrativa, correspondiéndole dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre la administración pública estatal y municipal con los particulares e imponer las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave; asimismo se estableció que este tribunal se compondrá de tres magistrados propietarios que durarán en su encargo 12 años, quienes deberán contar con experiencia en materia de Derecho Administrativo de al menos 5 años, y quienes serán propuestos por el titular del Poder Ejecutivo del Estado; propuesta que fue recibida el pasado 17 de marzo, con los nombres de la Licenciada en Derecho, Lorena Montes Hernández y del Licenciado en Derecho José Landeros Arteaga, quienes cumplen con los requisitos establecidos para desempeñarse en la magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que la Mesa Directiva propone al Pleno la emisión del Decreto por el que se elige a los profesionistas como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa para el periodo 18 de abril de 2017 al 17 de abril de 2029, propuesta que fue avalada por 24 legisladores, acto seguido se tomó la protesta de ley a los magistrados electos.

En asuntos generales, la diputada María Alemán Muñoz Castillo dio a conocer que el pasado lunes acudió a la invitación que le hicieran la Secundaria 37, Octavio Paz, de la colonia San Pedro Mártir, y lamentablemente, padres de familia le mostraron videos sobre casos acoso escolar que se está dando en varias escuelas, y que han terminado en consecuencias lamentables y viendo la frustración de los padres que viven esta situación, por lo que, como representante popular solicitó a los diputados de la Comisión de Educación, darle la importancia, celeridad y atención urgente a este tema, ya que hace falta una regulación, así como, que las instancias gubernamentales atiendan el tema de manera integral.

Por su parte, la diputada Yolanda Rodríguez Otero informó que los Programas de Ordenamiento Ecológico Local, son parte fundamental en el impulso de los municipios, pues gracias a estos se maximiza el desarrollo y se minimiza el impacto ambiental; reconoció el avance que se ha tenido en los municipios con este programa y con el medio ambiente, tal es el caso de Querétaro, Huimilpan, Corregidora, El Marqués, Tequisquiapan, Pedro Escobedo y Amealco quienes ya tienen estos ordenamientos, pero hay algunos que no se han incorporado, por lo que conmina a los demás municipios a que concluyan el proceso y a su vez reiteró el compromiso de la fracción de PVEM, a con el fin de coadyuvar y sumar voluntades a fin de que todos los municipios estén sujetos a una política ambiental definida. Aclaró que los municipios pertenecientes a la sierra gorda están sujetos al plan de manejo de la Reserva de la Biósfera de la Sierra Gorda.

IMG_9343 IMG_9349 IMG_9356 IMG_9648 IMG_9661